Tras anular el juez Alba la grabación realizada a Lleó, principal imputado en el caso Unión, su abogado asegura que se han vulnerado derechos fundamentales
El 5 de junio de 2008, el entonces consejero de Política Territorial del Cabildo de Lanzarote, Carlos Espino (PSOE), grabó al empresario Carlos Becerra ofreciéndole un soborno en nombre, presuntamente, del también empresario y abogado Luis Lleó, a cambio de su mediación para que se desbloquease una licencia de construcción de un millar de viviendas en Playa Blanca (Yaiza, Lanzarote). La grabación se realizó a instancias de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tras un primer encuentro en la cafetería Unión, de Arrecife de Lanzarote, dando lugar al conocido como caso Unión.
Sin embargo, el juez de la Audiencia Provincial de Las Palmas Salvador Alba, en un auto dado a conocer ayer lunes, ha anulado la grabación excluyendo así del juicio al empresario, una decisión que “ha satisfecho íntimamente” a su abogado, Manuel Matamoros, porque significa que “uno tenía razón en algunos aspectos y se la reconoce un magistrado”, aunque lamenta que “aunque correcto, el auto procesal no es completo”. El letrado considera que “no extrae todas las consecuencias naturales, de acuerdo con la Ley, de algunas decisiones que toma y de algunos razonamientos”.
En este sentido, Matamoros ha citado el ejemplo “evidente de la conexión entre la intervención telefónica y la grabación que anula, porque el propio auto que anula la grabación telefónica reproduce una solicitud de la UCO en la que fundamenta la petición en el contenido de la grabación que ha quedado anulada”. El abogado rechazó las teorías “conspiranoicas” de Espino, augurando que se iba a anular la prueba, aunque coincide en el vaticinio “por razones estrictamente jurídicas”.
Por otra parte, Matamoros estima que su defendido “queda en una situación grave de indefensión” porque, a pesar de haber sido anuladas, “han desaparecido las grabaciones y todas las copias de los servidores de la UCO” en las que se reflejaba “la única reunión en la que estuvo presente” Luis Lleó “en la que mantuvo lo que mantuvo”. Matamoros ironizó con que “el de la UCO debe ser el único servidor de una entidad seria que no tiene copia de seguridad”, y señaló que la Guardia Civil no se ha pronunciado sobre este asunto, “una prueba de descargo importante para nosotros en la que contradice manifestaciones del señor Becerra [otro de los implicados en la reunión] en el sumario”.
Matamoros recordó igualmente la sentencia ‘Falciani’ del Tribunal Supremo en la que se asegura que “el señor Espino actuó como una pieza camuflada del Estado al servicio de la investigación penal”, que es la doctrina que ha utilizado el magistrado Alba para anular la grabación y que el letrado interpreta como que “la Guardia Civil está utilizando al señor Espino como subterfugio”, lo que supondría la vulneración de un derecho fundamental porque no contó con la orden de un juez para ello. El abogado defensor señaló, en este sentido, la desidia del juez César Romero Pamparacuatro, cuya “labor estuvo muy lejos de ese estándar” por prestarse a esta situación. “El auto del magistrado presidente [Alba] no es más que una consecuencia jurídica necesaria” de tal circunstancia, concluyó.