José Manuel Espiño, portavoz vecinal, afirma que no existe «ningún apoyo institucional» y que la ciudadanía ha tenido que organizarse para investigar las causas, recopilar documentos y poner en marcha una posible vía judicial.
La ciudadanía de la costa de Telde afronta con desesperación el cierre prolongado de las playas, la contaminación persistente y la falta de explicaciones oficiales tras el vertido masivo de lubina procedente de las jaulas marinas, según relata.
José Manuel Espiño asegura que el ánimo en los barrios de Melenara, Clavellinas y Salinetas es de «desesperación», porque los residentes perciben que afrontan solos las consecuencias de la crisis ambiental. Afirma que no existe «ningún apoyo institucional» y que la ciudadanía ha tenido que organizarse para investigar las causas, recopilar documentos y poner en marcha una posible vía judicial ante el cúmulo de presuntas irregularidades en las concesiones marinas.
Contaminación persistente y playas aún cerradas
Las playas continúan clausuradas porque la arena sigue impregnada de grasa procedente de los peces en descomposición. Espiño explica que vecinos han mostrado imágenes diarias de restos contaminantes y que incluso materiales como las zapatillas quedan impregnados por residuos imposibles de limpiar sin detergente. Asegura que permanece en el fondo marino «una masa sólida» de pescado degradándose dentro de las jaulas, cuyo saneamiento no se ha acometido.
Intereses cruzados y silencio administrativo
El portavoz lamenta el prolongado silencio de las administraciones y la inexistencia de información oficial sobre el informe del Seprona. A su juicio, quienes ocultan datos «están favoreciendo a la empresa» explotadora de las jaulas, aunque sostiene que el problema trasciende a un solo operador y pone en cuestión un modelo de gestión del litoral que, dice, evidencia una «liberalización brutal del territorio» y una amenaza directa al sector turístico.
Concesiones que afectan a espacios protegidos
Espiño advierte de que las concesiones marinas previstas para otras zonas de Gran Canaria, como la desembocadura del barranco de La Aldea, afectarían a áreas consideradas en estudios previos para su protección dentro del futuro Parque Nacional de Güigüí. Señala que permitir infraestructuras de este tipo en un entorno destinado a figura ambiental sería «un contrasentido» y evidencia la falta de coherencia entre los discursos institucionales y las decisiones reales.
Críticas al papel del Gobierno de Canarias
El portavoz recuerda que la competencia para otorgar concesiones acuícolas recae en el Gobierno de Canarias y reclama una actuación firme comparable a la registrada en Tenerife, donde —según expone— la presión social llevó a la Administración a retroceder en la implantación de nuevas jaulas para el cultivo de atún rojo. En Gran Canaria, sin embargo, considera que «las protestas no han tenido el mismo eco» y que el movimiento ecologista local muestra menos influencia.
Un frente vecinal y jurídico en marcha
Espiño explica que la plataforma ciudadana está recopilando documentación para exponer ante la población y preparar acciones legales. Afirma que existen «incumplimientos jurídicos claros», estudios de impacto ambiental no realizados y discrepancias en las toneladas realmente autorizadas frente a las que, presuntamente, se han producido. Señala además que falta transparencia sobre la relación entre la empresa, la administración insular y distintos partidos políticos.
Un problema de confianza institucional
El portavoz sostiene que esta crisis ha deteriorado gravemente la confianza vecinal en las instituciones, que deberían —dice— haber activado ya mecanismos extraordinarios para la limpieza del fondo marino y la restitución ambiental. En su opinión, lo sucedido demuestra «una gestión del litoral al margen del interés público» y un abandono que mantiene a los barrios costeros en una situación insostenible.