Levy Cabrera denuncia que llevan unos quince días sin ser convocados a negociar y rechaza que el acuerdo quede condicionado a cinco años de paz social.
El secretario general del Sindicato de Médicos de Canarias, Levy Cabrera, reclama al Gobierno autonómico que designe un interlocutor capaz de desbloquear las negociaciones de la huelga, después de descartar al director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, como interlocutor válido. En declaraciones a El Espejo Canario, denuncia que llevan aproximadamente quince días sin recibir una convocatoria y considera incomprensible que las discrepancias se estén ventilando en los medios de comunicación en lugar de abordarse en una mesa de negociación.
Dos condiciones para alcanzar un acuerdo
Cabrera identifica dos obstáculos fundamentales para avanzar. El primero es la pretensión de la Administración de que el eventual acuerdo alcanzado en el comité de huelga sea sometido a la votación de la Mesa Sectorial. El sindicato defiende que debe informarse a ese órgano y trasladarse directamente al Consejo de Gobierno. El segundo es la exigencia de comprometerse a cinco años de paz social, una condición que los médicos rechazan mientras no existan garantías de cumplimiento de los compromisos adquiridos.
El dirigente sindical propone que una comisión de seguimiento revise trimestralmente la ejecución de los acuerdos, algunos de los cuales podrían desarrollarse a lo largo de tres, cuatro o cinco años. Insiste en que no exigen la aplicación inmediata de todas las medidas y recuerda que parte de las reivindicaciones actuales procede de compromisos anteriores que, según denuncia, siguen incumplidos. Entre ellos menciona las mejoras en la carrera profesional, los concursos de traslados abiertos y permanentes y los incentivos para los facultativos.
Discrepancias sobre el coste económico
Frente a las estimaciones económicas de la Consejería de Sanidad, que sitúan el coste de las reivindicaciones en cifras de hasta 300 o 500 millones de euros, Cabrera sostiene que el sindicato plantea una aplicación progresiva y negociada. Explica que determinadas medidas pueden escalonarse en varios ejercicios presupuestarios y que otras, como la reorganización de la jornada hospitalaria, dependen de la disponibilidad de especialistas.
En este sentido, advierte de que no resulta viable implantar inmediatamente una jornada ordinaria de tarde en todos los hospitales porque no existe personal suficiente en todos los servicios. Defiende que estas modificaciones deben introducirse conforme aumenten las plantillas y se disponga de los recursos necesarios, sin comprometer fechas imposibles de cumplir.
Sin convocatoria para continuar negociando
Cabrera lamenta que la Administración no haya convocado una nueva reunión para discutir estas propuestas y aclarar las diferencias sobre su alcance económico y organizativo. Considera que las posiciones podrían acercarse mediante una negociación directa, pero denuncia que actualmente no existe un interlocutor efectivo. «Ahora mismo no hay interlocutor», afirma, y critica que las propuestas y respuestas del Gobierno se conozcan a través de declaraciones públicas mientras permanece interrumpido el diálogo con los representantes de los médicos.