El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Las Palmas, Ramón Pérez, considera que las nuevas medidas estatales sobre vivienda generarán inseguridad entre los propietarios y pueden provocar una reducción de la oferta de alquiler.
Pérez sostiene que las nuevas medidas estatales en materia de vivienda pueden provocar que propietarios y empresarios retiren proyectos del mercado del alquiler ante lo que considera un aumento de la inseguridad jurídica. Los dos decretos-ley aprobados por el Gobierno están pendientes de convalidación parlamentaria.
Ramón Pérez critica que unas normas de tanta importancia se hayan tramitado, a su juicio, «de forma rápida, improvisada» y considera que pueden terminar produciendo un efecto contrario al pretendido. «La oferta de la vivienda se va a reducir considerablemente», afirma, y añade que una disminución de la oferta puede trasladarse a los precios.
El representante de los promotores señala que ya ha hablado con empresarios que estaban estudiando materializar la Reserva para Inversiones en Canarias mediante viviendas destinadas al alquiler y asegura que algunos se están replanteando esos proyectos por las condiciones derivadas de la nueva regulación. Según explica, podrían optar por otras fórmulas de inversión o por vender las viviendas en lugar de mantenerlas en alquiler.
Más vivienda pública
Pérez considera que las administraciones deben asumir una mayor responsabilidad en la atención a las personas vulnerables y en la construcción de vivienda pública. Defiende que los promotores están dispuestos a participar en ese esfuerzo si cuentan con suelo, condiciones económicas adecuadas y una tramitación de licencias mucho más rápida.
También atribuye parte del encarecimiento de la vivienda al aumento de los costes de construcción y asegura que las materias primas han subido en torno a un 40 %. A su juicio, los retrasos administrativos y unos precios de licitación alejados de los costes reales dificultan igualmente la promoción de vivienda.
El presidente de la asociación resume su preocupación de forma tajante: «Estos dos decretos, si se aprueban, van a destrozar el mercado». Pérez reclama que las políticas de vivienda combinen la protección de las personas vulnerables con condiciones que permitan mantener y ampliar la oferta.