La patronal de la construcción en Las Palmas advierte de concursos desiertos, sobrecostes encubiertos y falta de presupuesto para vivienda pública, mientras estudia acciones legales por competencia desleal.
La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la provincia de Las Palmas, María Salud Gil, ha denunciado que numerosas obras públicas se licitan «a precios por debajo del mercado», lo que impide a las empresas concurrir sin asumir pérdidas.
Según explica, esta situación ha provocado que en el último ejercicio quedaran desiertos contratos por valor de unos 200 millones de euros. A su juicio, no se trata de errores puntuales, sino de una práctica reiterada que podría incluso rozar «conductas delictivas» cuando se mantiene de forma sistemática.
Acusaciones de competencia desleal con empresas públicas
Gil critica que esos concursos desiertos acaben siendo adjudicados a empresas públicas a precios de mercado, lo que considera una distorsión del sistema. En este contexto, señala directamente a este tipo de entidades por beneficiarse de encargos que no pueden asumir las empresas privadas en igualdad de condiciones.
La patronal ya ha trasladado estas prácticas a instancias europeas por posible vulneración de la competencia y no descarta nuevas acciones judiciales, aunque reconoce la complejidad de estos procedimientos: «Cuando se licita una obra a sabiendas por debajo del mercado, algo está pasando»
Déficit estructural de vivienda
La presidenta de los constructores considera que las administraciones «no tienen capacidad» para resolver el problema de la vivienda en Canarias. Como ejemplo, cita que en la última década apenas se han construido unas pocas centenas de viviendas protegidas en el archipiélago.
Frente a ello, plantea un modelo de colaboración público-privada en el que el sector privado podría movilizar hasta 2.400 millones de euros anuales si existiera un compromiso público de unos 450 millones al año. Sin embargo, lamenta la ausencia de presupuestos y de ejecución real de los anuncios institucionales.
Intervención del mercado y riesgo en el alquiler
Gil también advierte de que las políticas de intervención en el mercado de la vivienda pueden agravar la situación, especialmente en el ámbito del alquiler.
En su opinión, medidas recientes podrían generar un aumento de la litigiosidad y retraer a los propietarios, reduciendo aún más la oferta disponible: «Hay que poner una alfombra roja a los inversores»
Inseguridad jurídica y planeamiento urbanístico
Otro de los aspectos señalados es la inseguridad jurídica derivada del planeamiento urbanístico. La dirigente empresarial alerta de que proyectos pueden quedar anulados años después por defectos de forma, lo que genera incertidumbre para las inversiones ya realizadas.
En este sentido, reclama una reforma normativa que evite que errores formales invaliden desarrollos urbanísticos completos, tras largos procesos administrativos.
Críticas a la gestión pública
La presidenta de los constructores concluye que el problema no es la falta de herramientas legales, sino la ausencia de ejecución presupuestaria y de coordinación política: «No hace falta ni siquiera una neurona: basta con poner presupuesto a las medidas que ya existen»
A su juicio, la situación actual refleja un bloqueo estructural que afecta tanto a la obra pública como al acceso a la vivienda, en un contexto de creciente demanda y escasa respuesta institucional.