La presidenta del Cabildo majorero hace balance de 2025, reivindica la gestión económica y de infraestructuras de la corporación insular y fija una posición firme frente a proyectos energéticos y normativas estatales que, a su juicio, amenazan la sostenibilidad del territorio y la actividad pesquera.
La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, defiende la línea de actuación de la institución insular en un año que califica de positivo en términos de gestión y resultados económicos, al tiempo que subraya la necesidad de mantener una posición clara frente a decisiones externas que afectan directamente al territorio, al sector primario y al equilibrio ambiental de la isla.
Balance económico y gestión insular
García destaca que el ejercicio 2025 se cierra con un presupuesto que alcanza los 183 millones de euros, lo que supone un incremento de 13 millones y un crecimiento del 8 % respecto al año anterior. Atribuye estos resultados a una gestión continuada y a los avances logrados en áreas estratégicas: «El balance de 2025 es bueno, y debe serlo porque hemos llegado a 183 millones de euros gracias a la gestión y a los avances importantes que hemos hecho».
La presidenta enumera actuaciones en materia de agua, carreteras, limpieza, residuos e infraestructuras sociosanitarias, además del proyecto Fuerteventura Bonita por Naturaleza, como ejes fundamentales de la acción de gobierno. En este ámbito, resalta también los convenios firmados con el Gobierno de Canarias para revertir el déficit histórico de plazas sociosanitarias en la isla.
Defensa del territorio y sostenibilidad
Uno de los ejes centrales de su discurso es la protección del territorio insular. García recuerda que Fuerteventura es una isla especialmente frágil y que su principal valor diferencial es precisamente su paisaje y su equilibrio ambiental: «Vivimos en una isla frágil y lo que nos diferencia es el territorio; por eso vamos a luchar con el Estado y con quien haga falta para defenderlo».
En este contexto, menciona la oposición histórica del Cabildo a determinados trazados energéticos que atravesaban suelo rústico de protección agrícola y ambiental, una postura que, según señala, se mantiene como una línea roja de la institución.
Rechazo a las eólicas marinas y apoyo al sector pesquero
La presidenta del Cabildo reafirma la posición contraria de Fuerteventura a la implantación de parques eólicos marinos y a otras infraestructuras similares que afectan al litoral y a las zonas de pesca: «Nuestro apoyo es rotundo al sector pesquero y nuestra oposición a las eólicas marinas, porque les perjudican directamente».
García subraya que las decisiones en esta materia deben tomarse escuchando a los profesionales del mar, a quienes considera un pilar esencial de la economía insular. Advierte de que proyectos de gran escala, como los planteados en el pasado a lo largo de la costa este de la isla, supondrían un impacto inasumible.
Críticas a la normativa estatal de control pesquero
La presidenta también se muestra muy crítica con la nueva normativa estatal de control pesquero y con la forma en que se está aplicando. Denuncia que se están tomando decisiones «de espaldas al sector» y alerta de las consecuencias prácticas para los trabajadores del mar: «No se puede pedir a los pescadores que, después de su jornada, tengan que esperar cuatro horas fuera del muelle para que llegue un inspector».
A su juicio, este tipo de medidas evidencian un desconocimiento profundo de la realidad del sector y de las condiciones en las que desarrolla su actividad: «Eso es no conocer el trabajo que hace el sector pesquero, no solo en Canarias, sino en toda España».
Una posición firme ante el Estado
Lola García concluye reivindicando el papel del Cabildo como defensor de los intereses de Fuerteventura frente a decisiones adoptadas desde fuera de la isla. Insiste en que la sostenibilidad, la protección del territorio y el respeto a los sectores productivos tradicionales deben situarse en el centro de cualquier política que afecte al Archipiélago.