El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, asegura que la regulación autonómica “es deficiente”.
La regulación del régimen del alquiler vacacional en Canarias es ahora mismo “exactamente igual que antes de 2012”, y en tal sentido la ley autonómica “es deficiente” y en el caso de Las Palmas de Gran Canaria la regulación que aprobará el Ayuntamiento de esta modalidad está en función “de su uso turístico”. Esta es la explicación que Javier Doreste, primer teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Edificación y Sostenibilidad Ambiental del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ofrece cuando se le pregunta por la nueva normativa para la ciudad.
“No hay regulación” a nivel regional, dice Doreste, y por lo tanto no hay referencias a las que acogerse para establecer un marco común regulado por el que se pueda desarrollar esta actividad. Ahora mismo, señala, pueden existir hasta “unas 2.000 viviendas vacacionales no inscritas” y otras 1.680 que figuran en el Registro del que dispone el Cabildo de Gran Canaria.
Covid-19 y protocolos
Llegará un momento, si no se regula, dice Doreste, que “si sigue aumentando ¿quién va a vivir en Las Palmas de Gran Canaria? de los residentes, se refiere el concejal. Y a esto le une además que la “alegalidad” del sector provoca que no sepamos las medidas de seguridad que se adoptan en relación con el coronavirus. El alquiler vacacional “es bueno, pero tiene que estar regulado para que convivamos todos”.
El responsable municipal de Urbanismo duda incluso de que muchas de las viviendas censadas por el Cabildo de Gran Canaria cumplan con la legalidad. Ya ha habido reacción por parte de la patronal del sector, ASCAV, a las intenciones del Ayuntamiento sobre la normativa municipal que tiene previsto aprobar, porque entiende que los condicionantes que pone favorecen a los grandes tenedores de viviendas y grandes empresas frente a pequeños propietarios.