Isabel Mena, consejera de Política Social y Accesibilidad del Cabildo de Gran Canaria, asegura que la adquisición contaba con un informe favorable del Servicio de Prevención.
La polémica por la adquisición de 20.000 mascarillas higiénicas a la empresaria de Gran Canaria Moda Cálida, Ogadenia Díaz, por 120.000 euros (5,96 euros cada una), ha llegado a la consejera de Política Social, Isabel Mena, que es quien, como presidenta del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria, autorizó la compra.
Mena sostiene que aunque existe un informe del Servicio de Prevención del Cabildo que indica que estas mascarillas no son aptas para determinados ámbitos, su Consejería cuenta con otro informe del Servicio de Prevención del IASS que resuelve que las mascarillas pueden destinarse a los usuarios de servicios como, por ejemplo, los centros de día dependientes del Cabildo.
La consejera se ha desvinculado de la campaña de promoción que desde el Cabildo de Gran Canaria se ha hecho a la puesta en marcha de la fabricación de estas mascarillas por parte de una de las firmas del proyecto Gran Canaria Moda Cálida, y la posterior venta al público de estas mascarillas a un precio de 18 euros la unidad. Campaña que continúa desarrollándose a través de los perfiles del Cabildo de Gran Canaria en las redes sociales.
En distintas notas de prensa el Cabildo anunció una ayuda de 120.000 euros a la empresaria para que pudiera adquirir el tejido sutran que usaría en la confección de estas mascarillas que, según el propio Cabildo, “protegen del coronavirus” más de lo exigido. Posteriormente lo que se había anunciado como una ayuda se convirtió en una compra, 20.000 mascarillas por 120.000 euros, con la particularidad de que eran lavables hasta en 30 ocasiones. En las distintas comunicaciones públicas del Cabildo se especificaba que estas mascarillas se destinarían al personal de los centro sociosanitarios del Cabildo de Gran Canaria.
“De eso que usted me dice hay cosas que se me escapan”, ha dicho la consejera quien sostiene que ella ha procedido a la compra con todos los informes favorables para su adquisición pero teniendo claro que se trata de productos higiénicos, no sanitarios, y que no serán usados por el personal, que requiere unos equipos de protección más sofisticados, sino para los usuarios de los centros.