El concejal de Urbanismo, Javier Doreste, recuerda que una disposición del año 2012 no permite actividades económicas por encima de planas residenciales.
Doreste recuerda que durante el mandato del Partido Popular, en el año 2012, se tomó la decisión de prohibir todas las actividades económicas que tuvieran su local en pisos superiores a las plantas residenciales: "Entonces, estas viviendas vacaciones [en la ciudad] son ilegales desde el año 2012". El problema, señala el concejal, que quien concede las licencias de vivienda vacacional es el Cabildo de Gran Canaria, no el Ayuntamiento. A la corporación insular le corresponde, también, la labor de inspección: "Lo único que hemos hecho es reconocer el alquiler vacacional e incluirlo en el plan general junto al resto de los usos turísticos alojativos".
Doreste asegura que los precios de los alquileres están subiendo y teniendo un efecto nocivo en la ciudad, "con la turistificacion de barrios enteros y expulsando a los palmenses, que se ven obligados a pagar altos alquileres". Señala que desde el Ayuntamiento se ha instado por dos veces a la asociación de empresarios del alquiler vacacional "a sentarse con nosotros, pero no hemos tenido respuesta".