El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, y la presidenta de su Consejo Social, Ana Suárez, escenifican una etapa de coordinación entre la institución académica y su órgano de participación.
El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra Majem, y la presidenta de su Consejo Social, Ana Suárez, comparecen conjuntamente en El Espejo Canario para escenificar una etapa de coordinación entre la institución académica y su órgano de participación social. Serra sostiene que la relación «con mi presidenta, mi consejo social» es «excelente» y subraya que «trabajar conjuntamente en armonía es importante para conseguir los fines de la universidad y del Consejo Social sobre la universidad». Suárez, por su parte, remarca la idea de alianza: «realmente hoy es la foto de lo que tiene que ser, que es que la sociedad y la universidad tienen que ir de la mano».
Ley nueva y recurso al Constitucional
El hilo central de la entrevista gira en torno a la nueva ley de consejos sociales en Canarias y al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Defensor del Pueblo tras la petición de los rectores del Archipiélago. Serra enmarca los cambios como «algunas formas de procedimiento» y explica que se introducen, entre otras cuestiones, exigencias de «preautorizar algunos tipos de acuerdos, de convenios» y aspectos vinculados a gastos plurianuales. Aun así, se muestra confiado: «estoy seguro de que, finalmente, esta ley no va a afectar nuestra autonomía universitaria y que vamos a poder seguir trabajando igual que lo hacíamos antes».
Suárez afirma que el Consejo Social lo recibe «con total normalidad» y lo describe como un debate «más técnico y de interpretación» que un problema para el día a día. Precisa que el recurso no afecta a toda la ley, sino solamente a unas cuestiones puntuales, cinco artículos, sobre los que puede haber discrepancias a la hora de interpretar si determinados informes «son vinculantes o no». En esa misma línea, Serra zanja: «Es una discusión técnica y de principios».
La autonomía, entre el derecho y la caja
Serra coloca el foco en un punto que, a su juicio, resulta más determinante que el encaje competencial: «la peor ley contra la autonomía universitaria es recortar el presupuesto». Advierte de que, mientras en otras comunidades las universidades públicas atraviesan momentos «muy duros» por la defensa de sus cuentas, en Canarias la situación se sostiene «por los pelos», aunque con capacidad para cubrir los gastos más básicos sin entrar en recortes ni endeudamiento.
Suárez respalda esa reclamación y reclama una financiación que permita planificar: «Hace falta una financiación acorde a la actividad que tiene, a los costes que tiene y, además, una financiación a largo plazo». Vincula esa estabilidad presupuestaria a las exigencias de planificación que se están pidiendo a la propia universidad y al Consejo Social, con planes trianuales a largo plazo.
Eficiencia interna sin renunciar a crecer
En el diagnóstico compartido, también aparece el margen de mejora organizativa. Suárez plantea que, además de pedir más recursos, cabe «mejorar la eficiencia» y «la organización interna», y desliza una pregunta que, según indica, forma parte del trabajo conjunto: si «los recursos que se tienen en la universidad se pueden organizar de una manera más eficiente». Serra recoge el guante y admite que «la eficiencia se puede mejorar y en eso estamos», aunque sitúa el cuello de botella en la estructura del presupuesto: «El personal representa casi el 70% del presupuesto».
A partir de ahí, delimita el sentido de la reivindicación financiera: «Nosotros no queremos más dinero ni para incrementar los sueldos ni para incrementar los puestos. Nosotros queremos más recursos para poder ofertar más grados, más másteres». Y enumera los nuevos títulos que, según expone, se impulsan «con los mismos recursos»: «Este año sacaremos Psicología, Biotecnología, Ingeniería Biomédica, Ingeniería Física y Matemáticas».
Infraestructuras, laboratorios y servicios al estudiante
El rector dibuja una lista de necesidades que, en su relato, explican por qué la universidad pide margen presupuestario más allá del capítulo de personal: menciona una clínica, un hospital veterinario, ayudas para guarderías para estudiantes, la construcción de nuevas residencias universitarias, la conservación de edificios con más de 45 o 50 años y la actualización de laboratorios a la altura de lo que exige una ingeniería hoy en día. Todo ello, añade, apunta a un objetivo: que los egresados salgan «en condiciones óptimas» para responder a lo que demanda el mercado laboral y el sector productivo.
Residencias y vivienda: el factor que puede expulsar alumnado
La conversación se detiene en un asunto que ambos consideran crítico para el presente y el futuro inmediato: la vivienda. Suárez liga el problema al programa Canarias Importa II y lo define como una tensión estructural: “Existe una fricción entre la oferta y la demanda. Hay muy poca oferta de vivienda y menos de vivienda asequible y una demanda muy alta». En el ámbito universitario, añade, la situación dispara la demanda de residencias porque muchos estudiantes no encuentran alquileres «a un precio razonable».
Serra anuncia que la ULPGC prepara un “plan de residencias” para presentar al Consejo Social «en torno al mes de abril» del próximo año. Parte de las «540 plazas residenciales» actuales y proyecta sumar «más de 600 plazas más» para «duplicar la oferta». Y pone una advertencia en términos de competencia territorial: «si no somos capaces de crear este ecosistema de viviendas en torno a la universidad, vamos a perder estudiantes». Según razona, la vivienda se ha convertido en un factor decisivo, también por el encarecimiento en ciudades como Madrid y Barcelona.
Públicas y privadas: «No tiene que haber ninguna guerra»
Ante la expansión de la universidad privada, Serra rechaza el marco de confrontación: «No tiene que haber ninguna guerra ni batalla». Reconoce un «futuro muy distinto» por la convivencia público-privada, pero defiende que «la calidad, la garantía está en la universidad pública», aludiendo a indicadores de investigación y rankings: «La investigación se hace en la universidad pública». En paralelo, plantea un marco de colaboración: «Estamos destinados a entendernos todos y a trabajar conjuntamente… respetando siempre las normas y los espacios de cada una».
Suárez coincide en el enfoque complementario: «Se trata de que llegue la privada donde no pueda llegar la pública y que de alguna manera se complemente». A la vez, advierte de la dificultad comparativa: «Siendo una universidad pública y con los trámites burocráticos que se requieren es muy difícil tener la agilidad para poder competir en igualdad de condiciones».
Transferencia, patentes y presencia en la sociedad
En la parte más propositiva, ambos sitúan como prioridad que la universidad se acerque al tejido social y productivo. Suárez sostiene que durante un tiempo «eran dos realidades que iban en paralelo« y que ahora se intenta «una mayor transferencia de conocimiento», con una sociedad más involucrada y una universidad que «comprenda mejor la realidad social, la realidad empresarial».
Serra aporta ejemplos de colaboración institucional y empresarial: desde proyectos con el Ejército del Aire hasta trabajo conjunto con el Cabildo de Gran Canaria en medio ambiente o transición energética. En el plano de innovación, resalta que ayer se presentó la decimoquinta startup que nace desde la universidad y que se percibe «un cambio importante» también en «el número de patentes». Su conclusión apunta a un objetivo de utilidad compartida: «al final es ganar y ganar».
Microcredenciales y formación a lo largo de la vida
Desde el Consejo Social, Suárez describe un papel de «conexión» entre necesidades externas y oferta universitaria. Detalla la composición del órgano —con mayoría de representantes sociales e institucionales— y plantea una línea de trabajo vinculada a nuevas formas de aprendizaje: «La universidad hoy es para toda la vida». En ese marco sitúa las microcredenciales como herramienta para diseñar «formación ad hoc» que responda a perfiles demandados por las empresas. También anima a que el tejido productivo recurra a la ULPGC para estudios y análisis que, en ocasiones, se encargan fuera: «Tenemos aquí una universidad que puede hacer unos estudios magníficos».
Mensaje final: universidad como proyecto de país
En el cierre, Serra apela al origen de la ULPGC: «Nace por la voluntad de un pueblo, el pueblo de Canarias», y proyecta su continuidad como motor de desarrollo: «Se seguirá contribuyendo de forma activa y decisiva al desarrollo de nuestro archipiélago” y “el futuro de Canarias lo dibujará la ULPGC». Suárez refuerza la idea de institución estructural: «La universidad es un pilar esencial y clave en la sociedad canaria», y cree que acercarla aún más a la ciudadanía permitirá «muchos mejores logros» en los próximos años.