PP, Podemos y UxGC en el Cabildo de Gran Canaria anuncian que vigilarán que Morales no use recursos del Cabildo en la demanda al diario La Provincia.
Bravo de Laguna, portavoz de Unidos Por Gran Canaria, afirma que el presidente de la corporación, Antonio Morales entiende el Cabildo como "un patrimonio con el que puede hacer lo que le dé la gana". A su juicio, el presidente hizo una comparecencia "a su estilo", con "media hora hablando y pocos minutos para la oposición".
Censura que Morales anuncie acciones judiciales "para condicionar la crítica política". Así, "su amenaza a La Provincia es una amenaza implícita a los otros medios". Bravo recuerda que siendo él presidente del Cabildo sufrió "un tratamiento inadecuado" de ese medio medio, con la diferencia de que en su caso "era una denuncia privada que se demostró falsa", mientras que en el caso de Morales, "La Provincia no se inventa nada, pues reproduce un informe de la Audiencia de Cuentas".
Bravo tacha esta actitud de Morales como "un gravísimo error" que obedece, a su juicio, a que el presidente del Cabildo "está acostumbrado a 27 años de gobierno en Agüimes en el que nadie le tosía y pìensa que este es su coto privado".
Pleno "bochornoso"
Por su parte, Miguel Montero, portavoz de Unidos Podemos, califica de "bochornoso" el pleno de este jueves en el que Morales dedicó "cinco minutos para amenazar periodistas y un minuto para hablar de las cuentas". Para Podemos, Morales hace una interpretación "interesada" del informe de la Audiencia de Cuentas afirmando que no hay ilegalidades: "En la página 6 [del informe] lo señala claramente".
Para Montero, Morales pretende "enfangar el Cabildo" apuntando al diario La Provincia, que se limita a "reproducir un informe firme". Considera grave que "Morales confiese que tiene la mala costumbre de llamar a directores de periodísticos y a periodistas", pero aún "más preocupante" es que "pueda estar haciendo lo mismo en el Cabildo" que en el Ayuntamiento de Agüimes. Así, la formación morada exige al grupo de gobierno "más transparencia, que estén claros todos los contratos, también los menores, que se publiquen en algún sitio". La respuesta de Morales, según Montero, es que "eso no es prioritario y que ya se irá viendo".
Podemos descarta llevar el caso a los tribunales porque corresponde a la Audiencia de Cuentas remitir el informe a la fiscalía, "pero si lo hace, debería hacerlo con otros ayuntamientos y la Audiencia nunca envía informes a la fiscalía". El papel de la formación política, según Montero es "decir claro que eso está mal hecho y que están intentando hacer lo mismo con el Cabildo". Además, recuerda, "la fiscalía podría investigar de oficio".
Montero no cree que Morales sea "capaz" de cargar al Cabildo el coste de la querella contra La Provincia, pero recuerda que ya el Cabildo pagó "el informe externo ad hoc de los tránsfugas". A juicio de Montero, esta demanda sólo persigue "meterle miedo a los periodistas. No hay ningún tipo de recorrido jurídico". Además, recuerda que Morales se refirió a una "denuncia civil, de momento" por lo que, a juicio de Montero, "aspira a poner una demanda penal". Asegura que, en cualquier caso, el presidente del Cabildo "tiene resortes económicos para asfixiar a los medios. Y a medida que avanza la legislatura va tejiendo una red clientelar".
Sobre los retrasos en subir a internet los plenos como los del pasado jueves, Montero pone de ejemplo un reciente concurso por valor de 60.000 euros para un servicio de fotografías para consejeros y Presidencia del Cabildo. "Exigen que las fotos estén colgadas en menos de tres horas en Flick. En el contrato de los videos no se exige que estén en plazo alguno".
"Sería delictivo que lo pagara el Cabildo"
Felipe Afonso, portavoz del PP, invita a Morales a "hablar de lo que hay que hablar" que es "de la auditoría, de las trece cuentas al margen de la contabilidad y manejadas algunas de ellas por personas que no eran ni empleados y de los que no se puede determinar que cobro y pagos habían en estas cuentas". A su juicio, el informe describe "un ayuntamiento sin control, preconstitucional".
Considera que "sería delictivo que una demanda personal la pagase el Cabildo. Otra cosa sería que recibiera una querella siendo presidente del Cabildo". Por ese motivo, Afonso está seguro de que Morales "no lo va hacer".