Lorenzo Brito, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, alerta de que el reglamento de control pesquero de la UE es inviable para la flota de bajura.
Lorenzo Brito, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores de Canarias, advierte de que la aplicación del nuevo reglamento europeo de control pesquero amenaza directamente la supervivencia de la pesca artesanal en las islas. Sostiene que la normativa «no se adapta en absoluto a la realidad canaria» y que su implantación puede marcar «un punto y seguido hacia la desaparición de estos pesqueros».
Un reglamento «ajeno a la realidad canaria»
Brito explica que la normativa ha sido diseñada pensando en grandes flotas industriales y no en la pesca de bajura que predomina en Canarias, caracterizada por pequeñas embarcaciones y artes tradicionales. «Aquí no existe el arrastre ni ese tipo de pesca intensiva», afirma, y subraya que aplicar las mismas exigencias a contextos tan distintos supone «café para todos», con consecuencias devastadoras para las cofradías isleñas.
Desde su punto de vista, las modificaciones introducidas hasta ahora son meros parches que no resuelven el problema de fondo. «Esto no es una solución, es una pegatina», resume, insistiendo en que la norma debe rehacerse desde cero con conocimiento del territorio y del oficio.
El pesaje a bordo y la desconfianza institucional
Uno de los aspectos más criticados es la obligación de pesar las capturas a bordo y notificar los datos antes de llegar a puerto, para luego volver a pesarlas en el punto de primera venta. Brito califica esta exigencia de «imposible e inviable» para los pescadores artesanales. «Somos pescadores, no administrativos», recalca, denunciando una desconfianza sistemática hacia el sector.
El portavoz de las cofradías defiende que los profesionales del mar cumplen con los registros y que la trazabilidad está garantizada en las lonjas. «Si hay dudas, que pongan vigilancia en el muelle», propone, convencido de que no existe «ni trampa ni cartón» en la actividad pesquera canaria.
Costes al alza y rentabilidad en riesgo
Brito contextualiza las quejas en un escenario de encarecimiento generalizado. El combustible, los aparejos, las revisiones de seguridad y las cotizaciones sociales han incrementado notablemente los costes de salida al mar. «Arrancar un barco hoy supone una inversión importante», explica, aunque matiza que, pese a todo, la pesca sigue siendo rentable.
El verdadero problema, insiste, no es el precio del pescado sino la carga burocrática creciente. «Lo que no es rentable es la burocracia y las normativas absurdas que nos impiden trabajar», afirma, señalando que el sector no dispone de la logística ni de los recursos humanos de las grandes flotas.
Preavisos, esperas y normas «sin sentido»
Entre los ejemplos más sangrantes, Brito menciona la obligación de realizar preavisos de hasta cuatro horas y permanecer fondeados antes de atracar, incluso tras jornadas de diez u once horas en el mar. «¿Existe alguna empresa en Europa que, tras terminar su trabajo, tenga que esperar cuatro horas para irse a casa?», se pregunta.
A su juicio, estas medidas evidencian un desconocimiento profundo de las distintas formas de pescar y una falta total de diálogo previo con las comunidades pesqueras.
Autoregulación y compromiso con el mar
Frente a la imagen de un sector poco responsable, Brito reivindica el esfuerzo de los pescadores canarios por conservar los recursos. Pone como ejemplo la retirada voluntaria de determinados artes y la limitación de prácticas para garantizar un mar viable a largo plazo. «Nos hemos autoimpuesto restricciones para cuidar el mar, no solo para nosotros, sino para las generaciones futuras», afirma.
El portavoz defiende que los pescadores son los primeros interesados en preservar el ecosistema marino y rechaza que se legisle desde despachos lejanos sin conocer la singularidad del «chipiaco» canario y de su pesca tradicional.
Una aplicación que se extenderá a toda la flota
Aunque actualmente la normativa afecta a los barcos de más de 12 metros, Brito alerta de que el calendario europeo prevé su extensión progresiva a embarcaciones más pequeñas hasta abarcar a toda la flota en 2030. «No debería aplicarse ni a los de 12, ni a los de 9, ni a ninguno», sostiene, reiterando que el control es necesario, pero debe ser razonable y adaptado.
Para Brito , la solución pasa por sentar a las administraciones con el sector, derogar la norma actual y redactar otra que garantice el control sin asfixiar a quienes viven del mar. «Que vengan, que suban a un barco y vean cómo trabajamos», concluye, convencido de que solo desde el conocimiento directo puede construirse una política pesquera justa y eficaz.