José Luis Langa, presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, indica que los problemas vienen de la incompleta transferencia de competencias a la Comunidad canaria.
Un juez ha inadmitido la demanda de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas contra la orden de desahucio y demolición de las viviendas en la zona de Los Molinos en el municipio majorero de Puerto del Rosario.
Sentencia del año 2011
José Luis Langa, presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, señala que, con anterioridad, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias había aceptado las medidas cautelares encaminadas orientadas a impedir el desalojo y derribo de las viviendas, pero ahora, el juez, en base a un informe de la Abogacía del Estado, ha inadmitido la demanda. La justicia considera que ya existe una sentencia del año 2011 que ordena el derribo y no ha sido ejecutada.
«Un ataque contra el pueblo canario»
La decisión será recurrida ante el Tribunal Supremo. No obstante, Langa señala que todos estos problemas se hubiesen resuelto si se hubiesen transferido las competencias de costa de manera integral.
La orden de derribo afecta a unas 150 personas cuyas familias vienen ocupando esa zona desde hace más de cien años. Se trata, indica Langa, de un espacio residencial consolidado que cuenta con todos los servicios. Se trata, apunta, de un «ataque frontal contra la historia del pueblo canario».