El presidente de la Junta de Personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, José María Monzón, señala que la entidad lleva más de una década poniendo en grave riesgo a los trabajadores en sus intervenciones.
La Justicia ha vuelto a dar la razón a los bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. En esta ocasión, obliga al Cabildo de la isla a permitir la participación de los profesionales del cuerpo en la mesa general de negociación de la corporación insular, algo a lo que se había venido negando el grupo de gobierno presidido por Antonio Morales.
El presidente de la Junta de Personal del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, José María Monzón, señala que la justicia ha atendido la demanda de los bomberos referente a la aplicación del régimen jurídico de los funcionarios del Cabildo a los funcionarios del Consorcio, debido a la concurrencia de varias leyes de índole estatal que así lo obligan.
Desde el año 2015 los bomberos han estado solicitando reiteradamente que las condiciones laborales impuestas por el Consorcio de Emergencias en sus mesas de negociación eran absolutamente inviables porque tanto al personal operativo del Consorcio, bomberos y mandos, así como a su personal administrativo, todos funcionarios, se le debían aplicar las condiciones de los funcionarios del Cabildo y no como se ha venido pretendiendo en todos estos años: un régimen apartado con condiciones laborales a la baja.
Requerimiento de la Inspección de Trabajo
Asimismo, Monzón señala que la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Las Palmas ha realizado un requerimiento al Consorcio de Emergencias de Gran Canaria por el obliga a la entidad dependiente del Cabildo de Gran Canaria a que, en el plazo de cuatro meses, revise y actualice las evaluaciones de riesgos, así como lleve a cabo la planificación de la actividad preventiva de cada parque de bomberos, incluyendo los medios humanos necesarios.
Los bomberos y bomberas denuncian que el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria lleva más de una década poniendo en grave riesgo a los trabajadores en sus intervenciones y a la propia ciudadanía, debido al incumpliendo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en cuanto al establecimiento de dotaciones mínimas, las cuales garantizan cumplir con las instrucciones de trabajo y procedimientos de intervención. La consecuencia directa de este incumplimiento ha conllevado en innumerables ocasiones a los bomberos a actuar con una grave inseguridad, que han tenido como consecuencias accidentes, incapacidades laborales etc.