Hablamos con Carlos Álvarez, abogado de la acusación particular del ‘caso Áridos’.
Álvarez recuerda que en 2016 la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife condenó a Pedro Sicilia Delgado, José Enrique Morales Rodríguez y Antonio Plasencia a un año y tres meses de cárcel. En el nuevo auto dictado el pasado 25 de enero, la Sala les concede un año de prórroga de la suspensión de la entrada en prisión a cambio de que depositen una fianza que, en conjunto, asciende a 167 millones de euros.
Este auto está motivado por un recurso del propio Álvarez en respuesta a una decisión del secretario de la sección segunda de la Audiencia Provincial que, en un decreto de 17 de noviembre, deja entrever que el plazo de suspensión de la pena de privación de libertad pudiera quedar revocado por él y ampliarle a los cuatro condenados firmes la entrada en prisión aunque no hayan restaurado los daños causados en los barrancos de Güímar.
“Casi se nos van de rositas”, afirma Álvarez, que se satisface que la Sala haya corregido a su propio secretario. Ahora, “o afianzan el dinero o entrarán en prisión tan pronto se resuelva su recurso de súplica por vulneración de tutela judicial efectiva”.
Para el abogado, los acusados “están dilatando la agonía”, como la dilataron cuando dieron por supuesto que la condena consistía en “presentar un proyecto” cuando la realidad es que la condena los obliga a “restaurar el equilibrio medioambiental”. Álvarez recuerda que la pena de prisión no exime a los acusados de la condena civil: “Aun entrando en la cárcel deberán realizar el pago de las cantidades”.