La sentencia firme del TSJC respalda la gestión municipal y tumba las exigencias del Gobierno canario. Onalia Bueno sostiene que se confirma una «estrategia política» contra el municipio.
La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, afirma que la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirma que el Ayuntamiento actuó conforme a derecho en la gestión de los fondos del FDCAN. El fallo anula las órdenes del Gobierno de Canarias que exigían el reintegro de casi 900.000 euros correspondientes a las anualidades de 2017 y 2018.
Bueno explica que el Consistorio «se limitó a cumplir íntegramente con las cantidades que percibió», en referencia a los cinco millones de euros destinados al aparcamiento de Arguineguín, mientras que el sobrecoste fue asumido con fondos municipales.
La alcaldesa subraya que la sentencia es firme y que el Ejecutivo autonómico no ha recurrido, lo que a su juicio evidencia la solidez jurídica del fallo.
Dos frentes judiciales diferenciados
Bueno distingue entre este procedimiento, relativo a la primera convocatoria del FDCAN, y el litigio con el Cabildo de Gran Canaria por la segunda convocatoria. En este último caso, recuerda que los tribunales ya han dado la razón al Ayuntamiento en dos instancias, al considerar que Mogán fue excluido de forma injustificada: «El Ayuntamiento de Mogán ha sido privado de unos fondos que tenía derecho», afirma, citando el contenido de la resolución judicial.
Según expone, el Cabildo ha recurrido al Tribunal Supremo, aunque considera que el recurso no será admitido y que esta situación está generando perjuicios económicos adicionales por los intereses acumulados.
Críticas a Nueva Canarias
La alcaldesa sostiene que ambas controversias responden a decisiones políticas y no a criterios técnicos. «La Justicia vuelve a confirmar que las decisiones que toma Nueva Canarias para perjudicar el municipio no se sostienen», expresa. A su juicio, «no responden a criterios técnicos ni legales, sino a una estrategia política», recalca.
Bueno insiste en que el uso de fondos públicos como «instrumento de castigo» por discrepancias políticas constituye un «despropósito» y considera que se ha producido una dinámica de confrontación institucional continuada.
Denuncia de persecución política
En un plano más amplio, la alcaldesa asegura que Mogán ha sido objeto de una «persecución constante» cuando Nueva Canarias ha estado al frente de distintas administraciones. Afirma que esta situación se ha traducido en procedimientos administrativos y penales que, según indica, han sido archivados o resueltos a favor del Ayuntamiento: «Estamos ante un caso evidente de persecución y acoso», manifiesta.
Bueno añade que el equipo jurídico municipal estudia posibles acciones en el ámbito penal ante lo que considera una reiteración de actuaciones injustificadas.
Reivindicación del papel de la Justicia
La alcaldesa concluye que el tiempo y las resoluciones judiciales han terminado por dar la razón al municipio. «Afortunadamente al final la justicia nos ha dado la razón», afirma, al tiempo que reclama mayor visibilidad pública para este tipo de fallos.
La sentencia del TSJC se suma así a otros pronunciamientos recientes que refuerzan la posición del Ayuntamiento en el conflicto por el reparto de los fondos de desarrollo, cerrando un episodio que se ha prolongado durante años en los tribunales.