Su madre, Mabel Fernández Ramos, mantiene la esperanza de que la resolución suponga un cambio decisivo en la vida de su hijo
Un equipo de profesionales de la prisión valorará el jueves 20 de noviembre si Aythami, condenado a cinco años de cárcel por su participación en un club cannábico, puede acceder al tercer grado. Su madre, Mabel Fernández Ramos —funcionaria de Justicia—, mantiene la esperanza de que la resolución, que llegará aproximadamente dentro de un mes, suponga un cambio decisivo en la vida de su hijo y de toda la familia.
Una revisión que puede convertirse en «regalo de Navidad»
Fernández explica que la clave está en la próxima junta de tratamiento del módulo 8, donde se encuentra ahora Aythami. Ese día, un equipo de profesionales evaluará su evolución en prisión, su conducta y su situación personal para decidir si puede avanzar al tercer grado o si continúa en el segundo.
En principio parece que este jueves será la fecha de esa revisión, apunta, aunque admite que podría retrasarse unos días. En cualquier caso, el calendario que maneja la familia es claro: unas semanas después, probablemente en torno a Navidad, debería llegar la respuesta oficial de Instituciones Penitenciarias. «Puede ser un regalo de Navidad», reconoce con emoción, recordando incluso el lema que se ha popularizado en la plataforma de apoyo: «Por Navidad queremos a Samuel y a Aythami en libertad».
Un compañero ya disfruta del tercer grado
El caso de Aythami no es aislado. Formaba parte de la directiva de un club cannábico junto a otras dos personas. Uno de ellos ya obtuvo el tercer grado en julio y se encuentra en semilibertad, lo que para la familia es un argumento más para reclamar un trato similar para los otros dos condenados.
Fernández subraya que tanto Samuel como su hijo cumplen los requisitos básicos que se suelen exigir para el tercer grado: llevan más de un año en prisión, trabajan dentro del centro, mantienen una conducta intachable y no proceden de entornos delictivos. En el caso de Aythami, solo le faltarían tres meses para cumplir la cuarta parte de la condena, la referencia habitual que se toma como umbral para estudiar estos cambios de situación, pero la madre recuerda que al compañero al que ya se le concedió el tercer grado le faltaban incluso cinco meses para ese mismo criterio.
Además de trabajar, Aythami ha realizado varios cursos de formación y el propio director de la prisión, según relata Mabel, ha reconocido ante el abogado que mantiene «una conducta perfecta, positiva, comprometida con el proceso». Por eso, la madre confía en que el equipo del módulo 8 tenga «una visión más humana» y no se limite a una lectura puramente sancionadora del expediente.
Retrasos, «módulos problemáticos» y derechos vulnerados
La confianza en el módulo 8 contrasta con la experiencia previa en el módulo 5, donde estaban antes. Fernández es muy crítica con el funcionamiento de ese primer destino de su hijo. Denuncia que tardaron cinco meses en entregarle la resolución que desestimaba el tercer grado solicitado en su momento, un retraso que, subraya, no es un simple problema burocrático, sino una vulneración de derechos.
La decisión sobre la anterior revisión se tomó en junio, pero la notificación formal no llegó hasta noviembre, cuando ya se preparaba la nueva junta de tratamiento. Esa demora, sostiene, impidió a la defensa recurrir en plazo con garantías: «La Administración no se puede permitir esto, porque volvemos a lo mismo, a vulnerar los derechos. Si le dices que no con tus criterios, bien, pero tienen derecho a reclamar y a reclamar en plazo, no a que se solape una reclamación con la siguiente revisión de grado».
Un club legal, una condena y un movimiento en la calle
La madre de Aythami insiste en que su hijo montó «un club legal» y que, pese a ello, ha terminado en prisión. Denuncia que la Justicia ha dado por probado que se dedicaba al tráfico de drogas «sin ninguna prueba que lo demostrase» y critica que se hayan «montado unas pruebas que no existían» hasta lograr la condena. Para ella, la «lección» que deja este caso no es que haya que retirarse del activismo, sino todo lo contrario «La única lección que hay que aprender es que hay que seguir luchando por los derechos sociales».
Fernández reivindica el derecho al consumo y al cultivo regulado de cannabis, y denuncia que el sistema penitenciario exige a quienes aspiran al tercer grado que muestren arrepentimiento, lo que en la práctica supone «amputar» la capacidad de su hijo para expresarse sobre el movimiento cannábico o relacionarse con clubes o entidades afines. «A él le han amputado el derecho a expresarse», lamenta, aunque deja claro que ni a ella ni al resto de la sociedad les han quitado el derecho a seguir reivindicando cambios.
La mirada de una madre y de una funcionaria de Justicia
Su condición de funcionaria de Justicia no suaviza su diagnóstico sobre el sistema. Asegura que en todo este proceso «nadie» ha pedido perdón a su hijo y critica que las «altas autoridades» no contemplen la autocrítica como parte de su práctica institucional. Habla como madre, pero también como profesional que conoce desde dentro el funcionamiento de los juzgados y de la Administración.
Pese a las dificultades, no se resigna. La plataforma de apoyo a Aythami y Samuel mantiene un calendario de movilizaciones para los próximos meses, tanto si se concede el tercer grado como si vuelve a ser denegado. Están previstas nuevas concentraciones, acciones simbólicas, una posible segunda marcha con la misma carroza que ya se hizo visible en las calles y varias iniciativas pensadas para tener impacto en redes y medios de comunicación.
De las marchas en la calle a la televisión nacional
La causa ha despertado el interés de un programa de televisión de ámbito estatal, que estudia invitar a Mabel para que cuente el caso en pocos minutos ante una audiencia masiva. No puede revelar todavía el nombre del espacio, pero insiste en que se trata de un formato «serio», que reserva parte de su contenido a historias que buscan precisamente poner el foco sobre situaciones de injusticia.
Seguir «dando la turra»
Aunque confiesa que no le gusta la exposición mediática, subraya que está dispuesta a hacer «lo que haga falta» por su hijo. De fondo, la fecha del jueves 20 de noviembre se convierte en un símbolo: el día en que un expediente sobre la mesa de un equipo técnico puede acercar o alejar la posibilidad de que Aythami recupere, al menos en parte, su vida fuera de la prisión. Y, mientras llega la resolución, la madre y el movimiento que la acompaña tienen claro su compromiso: seguir «dando la turra» hasta que vea a su hijo en libertad.