La abogada penalista especializada en extranjería Sara Rodríguez Trigo señala que, «por desgracia» estos casos «no son infrecuentes y vienen de problemas en la gestión y de desprecio hacia la dignidad de esas personas»
La abogada penalista especializada en extranjería Sara Rodríguez Trigo relata el caso de un joven gambiano que llegó en cayuco a Tenerife el 28 de octubre de 2023, con unos 250 pasajeros a bordo y al menos dos fallecidos en la travesía, y que pasó casi dos años en prisión preventiva como adulto después de que la Policía lo reseñara como mayor de edad pese a tener 15 años.
El chico fue acusado de ser uno de los capitanes de la embarcación y se le imputó responsabilidad en aquellas muertes, pero, mientras se discutía su edad, permaneció en la cárcel sin que se le aplicase la presunción de minoría ni las medidas de protección propias de un menor.
Fallos en cadena desde la reseña policial
Rodríguez Trigo explica que la decisión inicial sobre la edad «la decide la policía en primer término» en un contexto de llegadas masivas de pateras, con dificultades de idioma y un sistema de reseña en el que «a veces se intenta que las personas si vacilan un poco se les va a reseñar siempre como mayores de edad». En este caso, se le atribuyen 21 años y, a partir de ahí, todo el procedimiento penal discurre como si se tratara de un adulto, sin que los organismos de protección de menores entren a tutelar su situación desde el primer momento.
Pruebas médicas sin garantías y protocolo vulnerado
La abogada denuncia que durante dos años se encadenaron pruebas radiológicas para determinar la edad «con toda vulneración de todos los protocolos, sin presencia de intérprete, sin explorar al menor, simplemente haciendo pruebas una tras otra» y basadas en estudios sobre población caucásica, no sobre personas negras. Subraya que «el estado de la ciencia no permite que las determinaciones de edad se hagan por estas técnicas» y recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido la necesidad de un enfoque holístico en el que se valoren la documentación, la madurez y la exploración directa, algo que, en este caso, «se violó por completo, esa es la gravedad».
ONG dispuestas a acogerlo mientras seguía encerrado
Rodríguez Trigo insiste en que «lo más grave es que la situación de prisión provisional se mantuvo durante todo el tiempo en el cual se estaba determinando la edad», a pesar de que había organizaciones no gubernamentales dispuestas a acoger al chico y garantizar su puesta a disposición de la justicia. Explica que su despacho asumió la defensa a partir de diciembre de 2023, a través de una entidad que detectó la presencia de menores en prisión, y recuerda que «no es la primera vez que conseguimos sacar a un menor de prisión», lo que, a su juicio, evidencia un problema estructural en la gestión de la migración de menores en Canarias.
Reconocimiento de la minoría de edad y un futuro por reconstruir
Tras dos años de litigio, la documentación remitida por la familia desde Gambia y validada por el Ministerio de Asuntos Exteriores gambiano, la Embajada y el Consulado en España, junto a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, llevaron a la Audiencia Provincial a declarar al joven como menor y a inhibirse a favor del juzgado de menores competente.
Rodríguez Trigo afirma que el chico está ahora en libertad, «encantado» y decidido a empezar de nuevo: «Él es un encanto, él está muy dispuesto, él lo que quiere es estudiar y recuperar el tiempo», explica. Después de llegar en cayuco, pasar por el CATE del sur de Tenerife y ser enviado a prisión al día siguiente, apenas comienza ahora a conocer la isla, mientras se tramita su situación administrativa y se buscan apoyos para reparar, en la medida de lo posible, el daño psicológico de haber pasado su adolescencia entre rejas.