El abogado Carlos Álvarez, acusación en el ‘caso áridos’ calificó de “disparate” la decisión del secretario de la Audiencia Provincial de dejar sin efecto la entrada en prisión de tres de los condenados.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial condenó el 28 de enero de 2016 a un año y tres meses de prisión a Antonio Plasencia, José Enrique Morales y Pedro Sicilia como autores de un delito contra el medio ambiente por la extracción ilegal de áridos en Güímar. La sentencia había sido negociada entre las partes, lo que evitó que entraran en prisión a condición de que restauraran antes de dos años el equilibrio ecológico, cuantificado en más de 150 millones de euros.
Según Álvarez, cuando va a cumplirse el plazo previsto, el secretario de la sección segunda de la Audiencia Provincial, en un decreto de 17 de noviembre, “deja entrever que el plazo de suspensión de la pena de privación de libertad pudiera quedar revocado por él y ampliarle a los cuatro condenados firmes la entrada en prisión aunque no hayan restaurado los daños causados en los barrancos de Güímar”. Según el abogado, el secretario “se carga así el principio de invariabilidad de las resoluciones judiciales. Es un disparate, porque le permitiría a los harineros no tener que restaurar los barrancos sine die”.
El abogado ha presentado recurso de revisión contra ese decreto del secretario, bajo el argumento de que “una sentencia no se puede modificar después de ser dictada. Es increíble”. El siguiente paso será recurrir al Tribunal Constitucional con los argumentos de que la Audiencia Provincial ha vulnerado la tutela judicial efectiva y la seguridad jurídica.
Álvarez recuerda que uno de los acusados entró en prisión “porque no quiso acuerdo, y en ese acuerdo se condiciona la entrada en prisión de los demás a que restauren el daño causado o que consignen la cantidad”.