El presidente de ARES reclama al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria diálogo real y medidas equilibradas para el sector.
La Asociación de Restauración de Las Palmas de Gran Canaria (ARES), nacida en abril y presidida por José Miguel Sánchez, agrupa ya a más de un centenar de locales de toda la isla. El objetivo, explica su presidente, es «representar al sector ante las instituciones y proponer soluciones ante los problemas reales que sufrimos, como normativas arbitrarias, exceso de denuncias o restricciones horarias injustificadas». ARES ha mantenido ya reuniones con todos los partidos políticos de la isla y trabaja en propuestas normativas que armonicen el descanso vecinal con el dinamismo económico.
Normas incoherentes que perjudican a familias y negocios
Uno de los principales motivos de malestar en el sector es la nueva regulación de terrazas impuesta por el Ayuntamiento en calles como Cano, donde solo se permite instalar mesas con dos sillas colocadas en paralelo y no de frente. «Esto obliga, por ejemplo, a una familia de cuatro personas a dividirse en varias mesas, lo cual carece de sentido y genera frustración tanto para los clientes como para el personal», afirma Sánchez. Además, denuncia que la medida ignora márgenes de flexibilidad recogidos en la propia ordenanza, como el ajuste discrecional del 10 al 20 % del espacio por parte del técnico municipal.
ARES considera que «se podrían haber salvado los metros necesarios para los vehículos de emergencia y personas invidentes simplemente moviendo las mesas 50 centímetros a la izquierda». Sin embargo, lamenta que no se haya dado espacio al diálogo técnico ni se haya escuchado al sector.
Restricciones horarias que vacían la ciudad
Otro de los focos de preocupación para los restauradores es el cierre anticipado de terrazas en zonas como Joaquín Costa y calles adyacentes, donde el Ayuntamiento ha establecido la retirada de mobiliario a las 22:00 horas. «Esto supone un golpe directo a los locales que trabajan la cena y es una medida sin base técnica clara», denuncia Sánchez. Añade que el ruido ambiental en esas calles ya supera los 35 decibelios por ser zona de tránsito, independientemente de que haya terrazas montadas o no.
«La restauración no es solo ocio, es también empleo, actividad económica y vida para los barrios. Caparla es volver a una ciudad apagada, con calles vacías y locales cerrados», advierte.
La criminalización del ocio nocturno vacía la ciudad
Sánchez traza un paralelismo entre la falta de oferta nocturna y la creciente percepción de inseguridad en la capital. «Antes había movimiento en los barrios hasta tarde. Hoy, entre denuncias, cierres y presión normativa, se ha criminalizado el ocio, se han cerrado discotecas y los locales que quedan viven con miedo a una sanción constante». Según ARES, esta estrategia ha contribuido a la desertificación de muchas zonas de la ciudad y desincentiva la inversión en restauración y vida nocturna.
Una propuesta abierta al consenso
A pesar del descontento, ARES no se limita a la queja. La asociación trabaja en un borrador normativo basado en ejemplos de otros municipios, que presentará a los portavoces de los partidos. El documento plantea soluciones técnicas para compatibilizar actividad y descanso, mejorar la convivencia y reforzar el papel de la restauración como eje dinamizador de la ciudad. «Queremos diálogo, propuestas razonables y una ciudad viva», concluye José Miguel Sánchez.