➤ «El 'caso reparos' es una instrumentalización política de la justicia» ➤ «Se está generando miedo entre los funcionarios» ➤ «Hay personas interesadas en destruir a Coalición Canaria»
La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado reabrir por tercera vez el conocido como ‘caso reparos’ en La Laguna. José Alberto Díaz, exalcalde de Coalición Canaria, insiste en que las decisiones que se tomaron fueron legales y motivadas por la continuidad de servicios esenciales.
Levantar reparos para garantizar los servicios públicos
José Alberto Díaz defiende que los reparos firmados durante su etapa como alcalde de La Laguna responden a situaciones justificadas: «Lo que se planteaba era si se recogía o no la basura, si se mantenía el transporte para personas con discapacidad o el servicio de atención telefónica. Eso es lo que está en discusión». Explica que el levantamiento de reparos se ampara en la legislación vigente cuando existe contradicción entre funcionarios: «La ley dice que, si hay dos informes contrarios, el alcalde es quien debe resolver».
Según el exregidor, la causa principal del conflicto radica en la falta de renovación de contratos que, tras finalizar su vigencia, no han podido volver a licitarse por inacción administrativa: «En la medida que eso no lo hacen los funcionarios, hay que decidir si se paraliza el servicio o se sigue prestando. Y yo opto por que se recoja la basura en todo el municipio». Añade que en su caso incluso se mantuvieron los contratos «a precios más bajos que los fijados hace quince años».
Acusaciones de uso político de la justicia
Díaz señala directamente a Santiago Pérez, exconcejal socialista y principal denunciante del caso, como responsable de un uso interesado del procedimiento judicial: «Esto es una instrumentalización política de la justicia. Se trata de generar ruido, no de investigar corrupción». Recuerda que el Tribunal Supremo ya se ha pronunciado sobre situaciones similares y que en dos ocasiones anteriores la jueza instructora archivó el caso al no hallar indicios de delito.
Insiste en que este tipo de procesos acaban afectando al funcionamiento de la administración local: «Se está generando miedo entre los funcionarios. Nadie quiere firmar nada porque teme acabar imputado». En su opinión, esto solo ralentiza la gestión municipal y perjudica al ciudadano.
Una fractura dentro del PSOE lagunero
El exalcalde subraya que las actuaciones judiciales no solo afectan a su partido, sino que también han salpicado a miembros del actual grupo de gobierno socialista: «Hay concejales del PSOE que también están procesados. Y hay funcionarios que trabajan bien, pero a los que ahora se les mete en un procedimiento penal». Asegura que incluso dentro del PSOE se muestran críticos con la actuación de Pérez: «Hay gente del propio Partido Socialista que está harta de esta situación».
Díaz insinúa que detrás de la reapertura del caso puede haber un intento de desestabilizar el actual pacto municipal entre PSOE y Coalición Canaria: «Hay quienes nunca aceptaron ese acuerdo y buscan romperlo desde dentro. Hay quien parece tener la ilusión de acabar con Coalición Canaria».
Una causa que ya suma tres reaperturas
El conocido como caso Reparos ya ha sido archivado en dos ocasiones por el juzgado de instrucción de La Laguna. Sin embargo, la Audiencia Provincial ha ordenado reabrirlo una tercera vez, lo que ha provocado el malestar de quienes entienden que no hay base legal para continuar el procedimiento. La última decisión judicial ha recaído en otra magistrada, lo que reactiva un proceso que se prolonga desde hace años y que, según Díaz, «no acusa de corrupción, ni de dinero, ni de comisiones, ni de nada más que de permitir que el municipio funcione».
El exalcalde concluye que, más allá del ruido mediático, lo que está en juego es la capacidad del ayuntamiento para prestar servicios básicos: «Hay un interés superior que es el derecho a la salubridad pública. Y esa responsabilidad la asumí como alcalde».