➤ «Lo que ha hecho ahora mismo el tribunal es suspender hasta que la otra parte alegue sobre nuestra solicitud de suspensión por vulnerabilidad». ➤ «El promotor del desahucio es un fondo buitre que se llama Yellowstone». ➤ «El Gobierno de Canarias no tiene ahora mismo un parque de vivienda público».
La abogada Isabel Saavedra, letrada de la plataforma «Derecho al Techo», confirma que el desahucio de una pareja de Ingenio con seis hijos ha quedado «parado de momento» tras una decisión judicial de última hora. «Lo que ha hecho ahora mismo el tribunal es suspender hasta que la otra parte alegue sobre nuestra solicitud de suspensión por vulnerabilidad», afirma, precisando que el juzgado ha dado cinco días para responder y que la notificación fue verbal. «Siempre estamos como si estuviéramos en urgencias intentando resolver problemas que entendemos que deberían arreglarse de otra manera», explica.
De la hipoteca al fondo buitre
Saavedra relata que la familia de Moisés García vivía en la casa desde 2015 o 2016 con una hipoteca que dejaron de pagar durante la pandemia por la pérdida del empleo. La ejecución la inicia CaixaBank y, posteriormente, «CaixaBank vende al fondo la deuda, que es lo que han hecho todos los bancos». La causa pasa a manos de «un fondo buitre que se llama Yellowstone», del que sostiene que «no quiere ni alquileres sociales ni acuerdos», sino «sacar a la familia y vender».
Un escudo social vigente
La estrategia de la defensa se sostiene en dos pilares. Por un lado, la abogada alega «una suspensión hasta el año 2028 de personas vulnerables que perdieron la vivienda por ejecuciones hipotecarias». Por otro, invoca «el escudo social» prorrogado «hasta el 31 de diciembre de 2025», en virtud del cual «no se puede desahuciar familias vulnerables y a eso nos estamos agarrando». Añade que, ante la rigidez con la que algunos juzgados valoran los ingresos, han tenido que acudir también «a convenios internacionales que protegen a la infancia y a la Constitución».
Administraciones desbordadas
Saavedra reconoce contactos con el Ayuntamiento de Ingenio y con el Gobierno de Canarias, «que se ponen en contacto, pero siempre llegan tarde». Subraya el cuello de botella principal: «El Gobierno de Canarias no tiene ahora mismo un parque de vivienda público», aunque admite entregas «gota a gota» de viviendas —cita las de «visocan»— que resultan insuficientes «para dar abasto».
Ingresos ajustados, alquiler imposible
Sobre la situación económica, Saavedra detalla que el padre «ha trabajado de noche como reponedor» y actualmente «está en desempleo»; la madre también trabaja. Los ingresos familiares «rondan los 1.700 euros» —salario más una «pequeña pensión por discapacidad»—, pero «resulta prácticamente imposible» alquilar: «Entre garantía, fianza, lo que se lleva la agencia y que no hay vivienda asequible…», resume. La opción más barata localizada sube «a 800 euros al mes» y, además, «piden tres meses por adelantado».
El atasco de las ayudas
Otra traba que señala la letrada es el diseño de las ayudas públicas al alquiler: «Ellos dan unas ayudas cuando presentas el contrato. El problema es que para firmar el contrato te exigen por adelantado el dinero». De ahí que reclame soluciones de aval o apoyo directo: «Con 300 o 400 euros se resolvería poco más o menos el problema», sostiene.
El temor a perder la custodia
Más allá de los números, la abogada pone el foco en el impacto social: «Separarlos de sus hijos era lo que les angustiaba muchísimo». Recuerda que la propia administración advirtió del riesgo de retirada de custodia si la familia quedaba en la calle, y plantea un argumento práctico: si eso ocurriera, «los responsables a partir de ese momento de esa custodia son el propio Gobierno», con el consiguiente coste. «Los niños con quién deben de estar? Con sus padres», enfatiza.
Qué viene ahora
A la espera de la respuesta del fondo y de la resolución escrita del juzgado, Saavedra insiste en que la familia «no ha parado de buscar» vivienda y que el caso evidencia un problema estructural: familias trabajadoras con ingresos medios «tampoco pueden acceder al mercado del alquiler» en Canarias. Mientras tanto, la suspensión cautelar ha evitado un desenlace traumático: «Ellos ya tenían en sus cajas la ropa de sus hijos… porque les podían dejar ayer en la calle», relata. «Son unos padres como la copa de un pino y están muy encima de sus niños», añade.