➤ «Ese dinero supondría un salto enorme en energías renovables para Canarias» ➤ «Canarias está gestionando el triple de fondos que cualquier otra comunidad autónoma y con un año menos» ➤«Estamos incidiendo directamente en la línea de flotación de muchas empresas y particulares que han apostado por las renovables»
La posible devolución de más de 200 millones de euros de los fondos europeos Next Generation destinados a energía y sostenibilidad centra la preocupación del Gobierno de Canarias. El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata, advierte de que el archipiélago se enfrenta a perder una inversión estratégica si no se amplían los plazos de ejecución.
Según explica, Canarias gestiona una cantidad muy superior a la de otras comunidades debido a su condición insular y a programas específicos, lo que aumenta el riesgo si no se resuelve la situación administrativa.
Un volumen de fondos excepcional
Zapata detalla que Canarias recibió inicialmente unos 150 millones de euros en 2021 y posteriormente otros 301 millones dentro del programa específico para territorios insulares, compartido con Baleares: «Canarias está gestionando el triple de fondos que cualquier otra comunidad autónoma y con un año menos», afirma.
De ese total, más de 200 millones podrían quedar comprometidos. Parte de estos recursos ya se encuentra adjudicada a administraciones y empresas, incluidos cabildos y ayuntamientos, lo que multiplica el impacto potencial de una devolución.
El consejero subraya que no se trata de proyectos inexistentes ni de nuevas convocatorias, sino de actuaciones ya aprobadas que necesitan más tiempo para ejecutarse: «No pedimos inventar nada nuevo, pedimos ampliar el plazo para proyectos que ya están concedidos», señala.
Gran Canaria, uno de los principales beneficiarios
Entre las administraciones receptoras destaca el Cabildo de Gran Canaria, que concentra una parte relevante de los fondos asignados.
Zapata confirma que alrededor de la mitad de los más de 200 millones repartidos se encuentran vinculados a proyectos gestionados por esta institución, incluidos programas de restauración ambiental y sostenibilidad: «El Cabildo de Gran Canaria es uno de los grandes beneficiarios porque ha concurrido a varias líneas de subvención», explica.
Para el consejero, esto convierte el problema en una cuestión transversal que afecta a administraciones de distinto signo político, empresas privadas y ciudadanos.
Choque con el Gobierno central y el IDAE
Zapata acusa al Gobierno de España y al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) de haber ampliado plazos para sus propios programas mientras excluyen a Canarias y Baleares: «Han hecho una interpretación subjetiva para ampliarse sus plazos y no la van a hacer para las comunidades afectadas», denuncia.
El responsable autonómico considera que la situación responde a un bloqueo político y a una falta de atención a la realidad de las regiones ultraperiféricas: «Es un problema de olvido y abandono de Canarias», insiste.
Ante esta situación, el Ejecutivo regional ha decidido dirigirse directamente a las instituciones europeas: «Hemos dado el salto a Bruselas y vamos a ver si allí nos atienden», afirma.
Impacto en empresas y proyectos
La falta de ampliación de plazos podría tener consecuencias graves para los beneficiarios de las ayudas, especialmente empresas que ya han iniciado inversiones o adquirido materiales.
Zapata describe un escenario complejo en el que solo se certificaría la parte ejecutada, obligando a devolver el resto: «Te van a hacer un destrozo si no llegas a tiempo», advierte.
Además, asegura que muchos proyectos están paralizados precisamente a la espera de una decisión sobre la prórroga, lo que genera incertidumbre económica y administrativa.
Energías renovables y descarbonización
Los fondos están destinados principalmente a impulsar la penetración de energías renovables, sobre todo instalaciones fotovoltaicas, dentro del proceso de descarbonización del archipiélago.
El consejero calcula que permitirían incorporar unos 214 megavatios adicionales, casi duplicando la capacidad actual instalada: «Actualmente hay unos 240 megavatios; imagínese el salto que supondría», señala.
En su opinión, perder esta oportunidad supondría frenar la transición energética y comprometer objetivos climáticos y de independencia energética.
Negociación directa con la Unión Europea
El Gobierno canario intensifica ahora sus gestiones en Bruselas, incluyendo contactos con eurodiputados y la posibilidad de reunirse con la comisaria europea competente.
Zapata insiste en que el asunto debería quedar al margen de la confrontación política por su impacto económico y ambiental: «Estamos incidiendo directamente en la línea de flotación de muchas empresas y particulares que han apostado por las renovables», afirma.
El consejero concluye confiando en que la Unión Europea atienda la singularidad de Canarias y permita salvar unos fondos que considera decisivos para el futuro energético del archipiélago.