Manuel Martínez, presidente del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, afirma que el alcantarillado y el saneamiento son competencias municipales.
El municipio tinerfeño de Güímar tendrá que abonar 800.000 euros cada seis meses en concepto de la parte proporcional de la sanción impuesta a España por la Unión Europea debido a las deficiencias en la gestión de depuración de aguas.
El total de la sanción asciende a once millones de euros por diecisiete incumplimientos, según una sentencia de 2011 que dio de plazo hasta 2013 para solventarlo. El Gobierno de España ha pedido al Gobierno canario que determine las competencias: "No sabemos quien va a pagar, pero se pagará de los impuestos de todos", afirma Martínez, que considera que lo importante es "buscar soluciones a un problema que viene de hace veinte años".
Recuerda que el alcantarillado y el saneamiento son competencias municipales. Así, los municipios con más de dos mil habitantes están obligados al alcantarillado, mientras que los de más de diez mil a la depuración. Para solventar definitivamente el problema de Güímar, "hay que construir la depuradora y llevar todas las aguas allí". Este problema afecta a otros municipios canarios.