El diputado y secretario general del PP en el Congreso considera que la posición de Antonio Garamendi favorable al indulto es "un error".
El diputado y secretario general del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, afirma que su partido “no se deja llevar por la opinión de los empresarios ni de ningún otro ‘lobby'” en referencia a las declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, sobre el posible indulto a los políticos catalanes que participaron en el referéndum del 1 de octubre.
Asegura que no es posible ese indulto porque no reúne las condiciones de equidad y arrepentimiento, “que son las condiciones sine quam non”. Considera que la posición de Garamendi es “un error” como, a su juicio, “le han hecho ver sus compañeros de asamblea”.
Entiende que el Gobierno de Pedro Sánchez no ha hecho un análisis correcto de la situación, pues, en su opinión, el indulto tiene por objetivo poder mantenerse en el poder dos años más mediante un acuerdo con ERC. Sin embargo, piensa Mariscal, por esa vía se manda un mensaje a los españoles sobre el cumpliento de la ley: “Lo que consigue trasladar a la sociedad es lesivo y muy perjudicial para la confianza”.
Precios de la electricidad
En otro orden de cosas, Mariscal considera de poco valor la petición del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la necesidad de bajar el IVA de la electricidad del 21% al 10%, pues se trata de un ministro “silente hasta el día de hoy”. Señala que la capacidad de decisión del ministro es “limitada”, pues ningún miembro de Podemos pertenece a la comisión delegada de asuntos económicos.
Señala que antes de abordar la bajada del IVA o el IGIC, es necesario replantear la carga que sufre la producción y el consumo eléctrico. Así, indica que el PP ha planteado una rebaja inmediata del 10% del precio de la factura con tres medidas asumibles: supresión del 7% del impuesto sobre las empresas; asumir en los presupuestos generales del Estado los sobrecostes de la energía en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y trasladar a las cuentas del Estado el déficit de tarifa valorado en unos 2500 millones anuales.
Señala que el actual incremento de los precios de la electricidad afecta a los más vulnerables, porque su descuento en el bono eléctrico se aplica a una factura que sigue subiendo, lo que los hace “cada vez más vulnerables”. Asimismo, afecta a la familia media, que puede ver incrementada la factura en 200 euros anuales en una situación de crisis económica. Finalmente, señala el impacto sobre la pequeña y mediana empresa.