El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna sostiene que el Tribunal Supremo no tiene competencias para modificar la fecha electoral y defiende el derecho a criticar las decisiones del Constitucional.
El doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna, Gerardo Pérez, descarta que la decisión del Tribunal Supremo de suspender cautelarmente los efectos de una instrucción del Ministerio de Justicia sobre la concesión de la nacionalidad española pueda provocar un aplazamiento de las próximas elecciones. «No lo veo posible, ni teóricamente ni en la práctica», afirma en El Espejo Canario, donde explica que el alto tribunal puede adoptar medidas cautelares dentro de un procedimiento judicial, pero no determinar la fecha de celebración de los comicios.
Una decisión cautelar pendiente de sentencia
Pérez explica que el litigio se centra en determinar si una instrucción ministerial excedió lo establecido por la ley al presumir que las personas que abandonaron España entre 1936 y 1955 lo hicieron por razones de exilio. La legislación exigía acreditar esa circunstancia para que sus descendientes pudieran acceder a la nacionalidad española. El Supremo debe resolver si las nacionalidades se concedieron conforme a los requisitos legales.
El constitucionalista reconoce que la suspensión puede impedir votar a personas cuya nacionalidad termine siendo considerada válida. «Es posible que 150.000 personas se hayan quedado sin votar, teniendo que votar, pudiendo votar», señala. Sin embargo, advierte de que también existiría el riesgo contrario: permitir el voto a 163.000 personas cuya nacionalidad pudiera ser posteriormente anulada. Explica que el Supremo ha dado prioridad cautelarmente a la correcta formación del censo electoral.
La libertad de criticar al Constitucional
Pérez considera probable que la sentencia definitiva llegue después de las elecciones, dada la complejidad del procedimiento y la posible incorporación de numerosos interesados. Insiste en que las resoluciones judiciales deben cumplirse y señala que no dispone de datos que permitan afirmar que se estén produciendo incumplimientos.
Por otra parte, rechaza que criticar las decisiones del Tribunal Constitucional pueda considerarse una actitud antidemocrática, en respuesta a unas declaraciones atribuidas a su presidente, Cándido Conde-Pumpido. Defiende que la libertad de expresión y la crítica a las instituciones forman parte de los fundamentos del Estado de derecho. «Si se impusiera esa censura de no criticar al Constitucional, es ahí donde los principios de un Estado social y democrático de derecho se vendrían abajo», sostiene.