El alcalde de Santa Lucía de Tirajana recuerda que el convenio laboral fue negociado durante la alcaldía de Dunia González, con la participación de responsables de la sociedad municipal y asesores jurídicos de ambas partes.
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, sostiene que la investigación judicial abierta por el pago de productividades a más de un centenar de trabajadores de la Sociedad Municipal de Cultura y Deportes responde a una «denuncia política» impulsada por la oposición. El regidor subraya que el acuerdo que origina el conflicto no es reciente, sino que fue firmado en mayo de 2019, antes de su actual mandato como alcalde, y sin su participación directa en la negociación.
Un convenio firmado en 2019
Según explica García, el convenio laboral fue negociado durante la alcaldía de Dunia González, con la participación de responsables de la sociedad municipal y asesores jurídicos de ambas partes. En ese marco se pactó la equiparación de la productividad de estos trabajadores con la del personal del Ayuntamiento, sin que entonces se recibieran objeciones de la Inspección de Trabajo ni de la Delegación del Gobierno.
El origen del conflicto judicial
El alcalde recuerda que la productividad no se abonó durante el mandato posterior, lo que llevó a los trabajadores a presentar una demanda colectiva en 2023. Para evitar el juicio, se alcanzó un acuerdo extrajudicial y se encargó a una asesoría externa el cálculo individualizado de las cuantías. El Consejo de Administración aprobó un primer pago, realizado en enero de 2025, dentro de una cantidad global prevista de 2,8 millones de euros a distribuir en cuatro años.
La intervención y la devolución del dinero
Tras una denuncia presentada por el Partido Popular, la interventora general emitió un informe en el que considera indebido el pago. A raíz de ese dictamen, la sociedad municipal solicitó a los trabajadores la devolución de las cantidades percibidas, una medida que, según García, se adoptó siguiendo criterios técnicos y jurídicos, y con el objetivo de que los empleados puedan defender sus derechos en los tribunales.
Dos frentes abiertos en los juzgados
El caso se dirime ahora en dos planos: por un lado, la causa que debe determinar si los trabajadores tenían derecho a cobrar la productividad pactada; por otro, la investigación a tres cargos públicos, entre ellos el propio alcalde. García destaca como «hecho inédito» que en esta causa también se haya denunciado a representantes sindicales de la sociedad municipal.
Críticas al uso político de los tribunales
El alcalde denuncia una dinámica reiterada en el municipio, donde —afirma— la oposición recurre a la vía judicial para frenar la acción de gobierno y generar incertidumbre entre los empleados públicos. Recuerda que no es la primera vez que se enfrenta a acusaciones de este tipo y que anteriores denuncias terminaron sin condena, aunque con consecuencias negativas para la gestión municipal.
A la espera de lo que decidan los tribunales
Francisco García concluye que el Ayuntamiento actuará conforme a la legalidad y respetará las resoluciones judiciales. Mientras tanto, insiste en que el tiempo aclarará un asunto que, en su opinión, ha sido sobredimensionado políticamente y que debe resolverse con serenidad y seguridad jurídica
Estabilidad del gobierno local
Preguntado por la situación política, García asegura que el pacto de gobierno se mantendrá hasta el final del mandato y que cumplirá su compromiso de no introducir cambios tras su salida de Nueva Canarias y su incorporación a Primero Canarias. A su juicio, la actual aritmética municipal no permite alteraciones significativas en la alcaldía.
El futuro de Antonio Morales
Francisco García se muestra prudente al referirse al futuro político de Antonio Morales y evita anticipar decisiones que, subraya, solo competen al actual presidente del Cabildo de Gran Canaria. Recuerda que Morales había expresado al inicio del mandato su intención de no volver a presentarse, aunque admite que el escenario político ha cambiado de forma notable y que los movimientos internos y las tensiones recientes podrían influir en una eventual reconsideración.
En este contexto, el alcalde de Santa Lucía apunta que resulta difícil imaginar a Morales encabezando una candidatura que no controle plenamente, especialmente en un panorama marcado por la fragmentación y las disputas internas en el nacionalismo grancanario. No obstante, insiste en el respeto personal y político que le profesa y asegura que acatará cualquier decisión que adopte, convencido de que el proceso hacia las elecciones de 2027 estará cargado de incertidumbre y de reajustes que comenzarán a visibilizarse a partir de 2026.