El alcalde atribuye la judicialización a una estrategia de confrontación política impulsada desde la oposición.
El alcalde de Santa Lucía de Tirajana, Francisco García, valora de forma muy positiva la rapidez con la que la justicia ha archivado una denuncia que le afectaba junto a otros responsables políticos, técnicos y representantes sindicales, y que atribuye a una estrategia de confrontación política impulsada desde la oposición. El regidor defiende su actuación, subraya su «conciencia absolutamente tranquila» y agradece la diligencia del juzgado al resolver el caso en un plazo muy inferior al habitual.
Una denuncia con motivación política
García sostiene que la denuncia archivada responde a una práctica reiterada de judicialización de la vida municipal por parte de un representante local del Partido Popular, al que acusa de trasladar a los tribunales conflictos que no logra resolver en el ámbito político. Recuerda que, en el momento en que se firmó el convenio objeto de la denuncia, él no era responsable de la sociedad municipal implicada, y lamenta que la acusación se extendiera incluso a personal directivo recién incorporado y a representantes sindicales, algo que califica de inédito en su trayectoria política.
Consecuencias para los trabajadores municipales
El alcalde pone el acento en los efectos colaterales que este tipo de denuncias tienen sobre los trabajadores y la propia gestión pública. Según explica, el procedimiento judicial ha provocado que la plantilla de la Sociedad Municipal de Cultura y Deporte no haya podido percibir determinados complementos de productividad y que, por primera vez en años, no se entregara el tradicional paquete navideño al personal municipal. A su juicio, estas situaciones generan frustración y perjudican directamente a quienes sostienen el funcionamiento diario del Ayuntamiento.
Críticas al uso de los tribunales como arma política
Francisco García defiende la necesidad de reflexionar sobre el uso reiterado de la vía judicial con fines políticos. Aunque reconoce que los jueces deben analizar cualquier denuncia presentada, considera que este tipo de prácticas sobrecargan los juzgados, consumen recursos públicos y obligan a desviar esfuerzos administrativos que deberían destinarse a mejorar los servicios municipales y a impulsar nuevas contrataciones y proyectos para el municipio.
Reivindicación de una justicia ágil y ejemplar
El regidor recuerda casos del pasado en los que la justicia actuó con rapidez para despejar dudas sobre responsables públicos y preservar la confianza de la ciudadanía. En este sentido, insiste en que la agilidad judicial es clave para evitar que denuncias infundadas dañen durante años la reputación de cargos públicos y afecten también a sus familias y entornos personales.
García concluye señalando que el archivo de la causa demuestra que no existía base legal para la denuncia y reafirma su compromiso con una gestión transparente al frente del Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana. A su juicio, la resolución judicial no solo es una buena noticia para su gobierno municipal, sino también para la credibilidad de la política local y para la confianza de la ciudadanía en las instituciones.