El viceconsejero de Bienestar Social de Canarias, denuncia la inacción de las comunidades autónomas y del Estado tras la tragedia de La Restinga.
La muerte de siete personas —cuatro mujeres, dos niñas y una adolescente— en el vuelco de un cayuco en el muelle de La Restinga (El Hierro) ha vuelto a poner en evidencia el aislamiento que sufre Canarias en la gestión de la migración. Así lo expresa el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, quien denuncia que, mientras se desarrollaba la tragedia, representantes de 15 comunidades autónomas asistían en Madrid a una conferencia sobre infancia «más preocupadas por discutir cifras que por responder a la emergencia».
Candil confirma que, durante la reunión, tanto él como la directora general de Infancia informan en tiempo real del suceso. «Les estábamos contando lo que pasaba en ese momento en El Hierro, y ellos seguían enfrascados en sus discrepancias políticas», afirma. A su juicio, la escena refleja «la imagen más lamentable de lo que puede ser la política cuando no se orienta a resolver una crisis humanitaria».
La ley obliga, pero no se aplica
El viceconsejero recuerda que ya existe una legislación aprobada por el Congreso que permite repartir a los menores migrantes no acompañados entre todas las comunidades autónomas. «Si no hay consenso, que no lo habrá, el Gobierno de España tiene que aplicar la ley sin más. No podemos seguir dependiendo de una solidaridad que no llega», sostiene. Canarias acoge actualmente a más de 5.500 menores, y se estima que más de mil son solicitantes de protección internacional.
Candil también cuestiona el papel del propio Gobierno central. «No solo tenemos la incomprensión de las comunidades, también la del Estado, que está obligado a asumir esos mil menores y no lo hace. Retrasa la creación de los recursos necesarios y bloquea las medidas», denuncia. Acusa al Ejecutivo de desatender incluso la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a adoptar medidas concretas en favor de estos menores.
Una doble desprotección: jurídica y política
La postura del Gobierno canario es clara: aplicar de inmediato la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada ya en sede parlamentaria, y desplegar los mecanismos de distribución forzosa que dicha norma contempla. Para Candil, la situación actual «retrata vergonzosamente» tanto a las autonomías como al Estado, por su falta de acción ante una crisis que ya no puede considerarse excepcional.
Mientras tanto, las cifras se traducen en vidas perdidas. La tragedia de La Restinga no es solo una alerta humanitaria, sino también un símbolo de la inacción institucional. «Canarias no puede seguir sola», concluye Candil. «No se puede permitir que el coste humano se normalice en el silencio administrativo de los que tienen el deber de actuar».