➤ «El Estado está creando las plazas con mucha lentitud» ➤ «No ha sido el acuerdo entre el Estado y Canarias, sino el Supremo, el que le ha impuesto al Estado la obligación de asumir a quienes tienen protección internacional» ➤ «Nuestra intención es que muchos de los actuales centros de menores cierren»
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, celebra el primer traslado exprés de tres menores migrantes a la península «después de 25 días» desde su llegada, pero advierte de que «solamente faltan 997» y de que la respuesta estatal avanza «con mucha lentitud». Señala que el sistema canario «está reventado» por la presión asistencial y reclama acelerar tanto los traslados por asilo como el reparto territorial acordado en las Cortes. «Nuestra intención —dice— es que muchos de estos centros cierren en cuanto sea posible».
La primera derivación exprés y una lista de espera de casi mil
Candil explica que, tras la reforma legal, se ha materializado «el primer traslado» a la península de tres menores no acompañados, un movimiento que el Ejecutivo regional venía persiguiendo «después de haberlo intentado en otras ocasiones» sin éxito por cuestiones de determinación de la edad. «Recordar —apunta— que una semana antes se había previsto que fueran cinco, pero ya había dos de ellos que tenían mayoría de edad». Aún así, subraya que el reto sigue siendo mayúsculo: «Solamente faltan 997».
Asilo reconocido por el Supremo, pero salidas «a 15 o 20 por semana»
Sobre los menores con derecho a protección internacional, el viceconsejero recuerda que «había 1.200» en esa situación, pero «a día de hoy solo se han trasladado 182 a centros que están en el resto de la península». Según su cálculo, el ritmo actual «sale en torno a 15 o 20 menores semanalmente», es decir, «60, 80 al mes», lo que prolongaría la solución «un año y medio». Por ello, el Ejecutivo canario ha trasladado su «preocupación al Tribunal Supremo para que le pida al Estado que agilice con más rapidez la salida de estos menores», insiste. «No es ningún acuerdo entre el Estado y Canarias —remarca—, es el Supremo el que le ha impuesto al Estado que se haga cargo de aquellos que tienen protección internacional».
Cinco mil en tutela y centros «improvisados» por el aluvión
Más allá de los casos con asilo, Candil sitúa «en torno a 5.000» los menores actualmente atendidos en Canarias, cifra que «en algún momento» de los últimos años «llegó a 6.000». Para darles cobertura, admite, se habilitaron «muchos centros de menores de forma improvisada» por el «aluvión» de llegadas: «Los lugares en los que están muchas veces no son los adecuados». Las entidades gestoras —añade— han sufrido «problemas materiales» y «para contratar personal», mientras la Administración «no encontraba profesionales con los perfiles adecuados», de ahí que el «sistema de protección de la infancia en Canarias está reventado». La hoja de ruta del Gobierno autonómico, enfatiza, pasa por «cerrar» progresivamente dispositivos «desde que tengamos la oportunidad» que brindan los traslados.
Responsabilidad estatal y coordinación con comunidades
En el reparto de los menores sin derecho a asilo, el viceconsejero indica que los traslados «tiene que hacerlos el Ministerio de Infancia» mediante acuerdos con las comunidades autónomas y que los tres primeros que acaban de salir se encuadran «en base a ese acuerdo que hubo en su momento en el Congreso de los Diputados». Reitera que el Gobierno canario continúa «esperando que se sigan generando las plazas» y apela a «una respuesta solidaria por parte de todo el Estado español» y de la Unión Europea.
Pruebas de edad más ágiles y decretos fiscales con demoras variables
En cuanto a la determinación de la edad, el viceconsejero sostiene que «de los últimos que van llegando se siguen haciendo pruebas» y que «en torno a estos, 5.000 sí son menores». El cuello de botella —explica— no es tanto la radiografía «como que los fiscales tienen que emitir ese decreto de edad», un trámite que «puede tardar un poco más de tiempo en función de las cargas de trabajo». En cualquier caso, «ya a día de hoy» el acceso a las pruebas se ha agilizado respecto a etapas en las que «pasaban a veces muchos meses».
Racismo minoritario y oportunidad laboral
Preguntado por episodios de rechazo social, Candil reconoce «situaciones lamentables y asquerosas de racismo», si bien «son casos minoritarios». Subraya la contradicción entre esos discursos y la demanda empresarial de mano de obra: «Si estos chicos están aquí y se puede generar una oportunidad de trabajo, vamos a hacerlo», afirma, recordando que también en la península «se están yendo a buscar mano de obra a países extranjeros».