El viceconsejero de Bienestar Social rechaza que la demora sea responsabilidad del Gobierno canario y señala a la Delegación del Gobierno como principal cuello de botella.
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, sostiene que el Archipiélago soporta en solitario una presión asistencial insostenible con más de 4.400 menores tutelados repartidos en unos 80 centros. Candil explica que el Ejecutivo autonómico ya ha comenzado a cerrar algunos de los macrocentros creados en plena emergencia y trabaja en una red de recursos más pequeños y mejor gestionados, pero advierte de que el problema de fondo sigue siendo la falta de traslados efectivos a otras comunidades.
Los traslados que no llegan
Según Candil, de los cerca de 900 menores solicitantes de asilo que podían haber sido derivados fuera de Canarias, apenas han salido 436, menos de la mitad. En el caso de los menores sujetos al artículo 5 de la Ley de Extranjería, las salidas apenas alcanzan los 290 casos. Para el viceconsejero, estos datos evidencian que el reparto es claramente insuficiente y desmontan el argumento del Gobierno del Estado, que responsabiliza a Canarias de la lentitud del proceso.
El atasco, en la Delegación del Gobierno
El responsable autonómico afirma que el principal cuello de botella se encuentra en la Delegación del Gobierno, encargada de emitir las resoluciones de traslado y de coordinar la acogida en la Península. A ello se suma, añade, la negativa o falta de preparación de algunas comunidades autónomas, que han pedido frenar derivaciones al no disponer de plazas suficientes. Candil acusa al Estado de mezclar datos y generar confusión para eludir su responsabilidad.
Derivaciones judiciales y falta de efectivos
En relación con el anuncio de la Delegación del Gobierno de dejar de asumir determinados traslados, Candil aclara que se refiere a menores con medidas judiciales que deben ser derivados a juzgados o centros sanitarios. Reconoce que la Policía Canaria no cuenta aún con efectivos suficientes para asumir todas estas funciones, por lo que defiende la necesidad de mantener la colaboración con la Policía Nacional y de convocar las mesas de trabajo comprometidas para ordenar el reparto de competencias.
Ningún menor quedará desatendido
El viceconsejero garantiza que, en ningún caso, un menor quedará solo o sin atención. Cuando sea necesario, explica, los traslados seguirán realizándose, incluso con acompañamiento de educadores, y cada incidencia será comunicada a la Fiscalía y a los juzgados. No obstante, advierte de que la situación genera inseguridad jurídica y tensión en un sistema ya sobrecargado.
Las supuestas desapariciones masivas
Candil también sale al paso de informaciones que hablan de la desaparición de más de mil menores en 2024. Aclara que en la mayoría de los casos se trata de personas adultas que entraron inicialmente en el sistema como menores y que se fugaron antes de que se confirmara su edad. A estos expedientes se suman denuncias no cerradas por ausencias temporales de centros o casos ajenos al sistema de protección, lo que ha provocado un «rebumbio» estadístico que, a su juicio, distorsiona la realidad.
Un problema que exige corresponsabilidad
El viceconsejero insiste en que Canarias no puede seguir afrontando sola una situación que es de carácter estatal y europeo. Reclama corresponsabilidad real, agilidad administrativa y un reparto efectivo de menores que alivie la presión sobre el Archipiélago. «El problema no es la gestión canaria, sino la falta de respuestas fuera de las Islas», concluye.