El senador de Coalición Canaria asegura que con Pedro Quevedo en el Congreso no se hubiese alcanzado el acuerdo con el PSOE.
El senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, afirma que si los cabildos y ayuntamientos no saben gestionar la gratuidad de las guaguas acordada con el Gobierno central, tienen que dimitir y dejar que sean otros los que lo gestionen.
“Casi” sin interferencias
Se muestra satisfecho por el acuerdo alcanzado por el Gobierno socialista, el cual explica porque “ahora necesitan nuestros votos” debido al “mercadeo en los presupuestos”. Señala que han visto la oportunidad y, a pesar de estar en la oposición, han puesto sus votos “al servicio de Canarias”.
Asegura que las cosas hubiesen sido distinta de estar el exdiputado Pedro Quevedo en el Congreso, el cual, a juicio de Clavijo, “actuaba como otro diputado socialista”. En su opinión, esto se puede comprobar observando la reacción de Nueva Canarias ante este acuerdo. Asimismo, señala que, desde el PSOE de Canarias no hubo ninguna interferencia ante este acuerdo, aunque no opina lo mismo de algún miembro del gobierno de Nueva Canarias.
Varios cientos de millones
Puntualiza que la gratuidad de las guaguas abarca todo el año 2023 a partir del 1 de enero y entiende que esto se puede implementar de forma efectiva por parte de cabildos y ayuntamientos. No obstante, indica que si no supieran gestionarlo, lo lógico sería presentar la dimisión “y que den paso a otros”.
Recuerda, asimismo, que el acuerdo con el PSOE incluye el dinero para el plan de reconstrucción de la isla de La Palma, las deducciones en el IRPF para la ciudadanía de esa isla, reducción de tipos en el sector primario y todas las partidas del Régimen Económico y Fiscal (REF). Afirma que, en su conjunto, se trata de varios cientos de millones de euros: “Ahora le corresponde a quien gobierna que asegure que esas partidas lleguen a Canarias”.
Comisión de investigación
Sobre la solicitud por parte de Coalición Canaria de la formación de una comisión de investigación parlamentaria por el denominado caso mascarillas, Clavijo indica que esta comisión es compatible con la investigación judicial, debido a que es preciso dirimir las responsabilidades políticas por la adquisición de millones de euros en material “que es inservible”.
Señala que, durante toda la pandemia, se dijo que esas decisiones estaban siendo tomadas por un comité con asesoramiento científico “y ahora sabemos que no había reuniones ni actas”. Señala que quieren que el Parlamento debata políticamente sobre eso y lo que han encontrado es una decisión “sin precedentes” de no permitir siquiera el debate en la toma en consideración, “algo que se puede esperar de Vox, pero no de PSOE, Unidas Podemos o Nueva Canarias”.