Orlando Luján, miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales, considera que el rechazo de los inspectores de Hacienda parte de una lectura incompleta del dictamen canario y defiende fórmulas de cogestión para reducir la inseguridad jurídica.
El secretario general de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Orlando Luján, sostiene que la preocupación expresada por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado ante la posibilidad de que Canarias gestione incentivos del Régimen Económico y Fiscal (REF) responde a una interpretación errónea del dictamen aprobado por el Parlamento autonómico. Según explica, la propuesta no pretende sustituir a la Agencia Tributaria estatal ni asumir íntegramente la política fiscal, sino corregir disfunciones en la aplicación de los incentivos.
Luján subraya que el principal problema actual es la falta de respuestas a las consultas sobre cómo aplicar las ventajas fiscales específicas del archipiélago. Las empresas que solicitan aclaraciones a la Dirección General de Tributos del Estado pueden esperar años sin contestación, pese a que la ley fija un máximo de seis meses para resolver consultas vinculantes. Esta situación genera incertidumbre y, a su juicio, frena inversiones que podrían beneficiarse del REF.
No se plantea una “independencia fiscal”
Frente a los temores de ruptura con el sistema estatal, el asesor fiscal insiste en que el dictamen canario propone únicamente una cesión parcial de competencias y mecanismos de participación conjunta entre ambas administraciones. Entre las fórmulas planteadas figura la creación de un consorcio del REF, similar al existente para la Zona Especial Canaria, así como órganos de gobernanza compartida con funcionarios estatales y autonómicos.
El objetivo, explica, sería agilizar las decisiones y garantizar seguridad jurídica, no sustituir al Estado. De hecho, recuerda que la normativa básica seguiría siendo estatal, del mismo modo que ocurre con otros tributos cuya regulación es nacional aunque su aplicación tenga particularidades en Canarias.
Canarias como referencia de eficiencia
Luján destaca que la administración autonómica ya demuestra mayor rapidez en la resolución de consultas. Según afirma, la Dirección General de Tributos de Canarias suele responder en dos o tres meses, dentro del plazo legal, mientras que el Estado no lo cumple en numerosos casos. Por ello, considera razonable delegar determinadas funciones, como la contestación a consultas vinculantes, en la administración que demuestra mayor eficacia.
Límites técnicos a la descentralización
No obstante, el experto reconoce que algunas competencias no pueden fragmentarse sin generar problemas. Por ejemplo, las labores de inspección tributaria deben abordarse de forma integral y no separando los incentivos del REF del resto de la fiscalidad del contribuyente, algo que podría resultar ineficiente y complejo desde el punto de vista técnico.
Seguridad jurídica como prioridad
A pesar de las discrepancias, Luján defiende que el debate no debería cerrarse sin avances. Considera imprescindible mejorar la claridad normativa, establecer criterios interpretativos rápidos y desarrollar reglamentos de detalle que permitan aplicar los incentivos con certidumbre.
En su opinión, la cogobernanza no pondría en riesgo el REF, sino que podría reforzarlo al garantizar que empresas y contribuyentes dispongan de respuestas en plazos razonables y con seguridad jurídica suficiente para tomar decisiones de inversión.