Tom Smulders, presidente de la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos (AEAT) y vicepresidente de la FEHT, afirma que es mejor "una oleada legal que el tsunami ilegal que se está produciendo".
Smulders denuncia que el Gobierno canario no ha propiciado el diálogo con los agentes turísticos, "aunque ahora dicen que estarán más abiertos". Estima que el asunto de la vivienda vacacional se ha enfocado mal, pues considera que la legislación debe proteger "a los residentes y la actividad legal del sector turístico con un modelo nuevo". Coincide con la presidenta de la patronal de la construcción de Las Palmas, María de la Salud Gil, en que "en la última década no se ha construido vivienda digna para los canarios que la necesitan".
Considera que el problema no es la vivienda vacacional en zona turística, sino "el alquiler puro y duro ilegal que no paga impuestos", situación muy distinta de los empresarios que quieren que se legalice "un modelo moderno que puede encajar con los modelos existentes de turismo". A este respecto, señala que prefiere "una oleada legal que el tsunami ilegal que se está produciendo". Así, a modo de ejemplo, relata el caso de un empresarios que, tras quejarse de la actividad ilegal existente en su complejo, recibió una inspección y una multa de 13.000 euros, "y a los demás no les ha pasado nada".
Considera que el decreto no es nada flexible, sino "una cortina de humo" pues traslada a los ayuntamientos y cabildos la responsabilidad de legislar "y eso va durar media década o más. Y ya hemos perdido mucho tiempo". Denuncia que "algunos señores" están "cociendo una ley para tomar la decisión sobre la salud económica de toda la población de Gran Canaria".