La patronal de la construcción de Las Palmas y la ingeniería nacional advierten de falta de concurrencia en licitaciones, obras desiertas y encargos directos a medios propios que, a su juicio, distorsionan el mercado y agravan la crisis del sector.
La presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de la Provincia de Las Palmas, María Salud Gil, asegura que la reciente adjudicación de un centro sociosanitario por 40 millones de euros evidencia «un problema serio» en la planificación pública. Explica que unas quince empresas estudiaron el proyecto y trasladaron a la patronal que el presupuesto estaba infravalorado en unos diez millones de euros.
Gil señala que la asociación comunicó por escrito a la administración que, en esas condiciones, las empresas no concurrirían. «Hemos actuado con total lealtad institucional», afirma, y añade que no impugnaron el procedimiento por tratarse de una infraestructura sensible, pero sí advirtieron de las consecuencias.
Finalmente se presentó una única empresa y la obra fue adjudicada. La dirigente empresarial cuestiona si la administración garantizó la concurrencia efectiva y advierte de que, si durante la ejecución se introducen cambios sustanciales, podrían generarse problemas legales. «Luego las obras se paralizan al 20 o 30% porque no se pueden hacer a ese precio», critica.
Encargos directos y «captura» del mercado
En conversación telefónica, Ignacio Sánchez de Mora Andrés, presidente de CÍES (Conocimiento e Ingeniería de España), respalda las tesis de la patronal canaria y sostiene que a nivel nacional se está produciendo una «captura del mercado» por parte de los medios propios.
Detalla que empresas públicas como Ineco, Tragsatec o Tragsa reciben cientos o miles de millones en encargos directos y considera que ese volumen de contratación reduce el espacio para la iniciativa privada. En el caso de Canarias, subraya que entre 2018 y 2025 Tragsa ha ejecutado más de mil millones de euros mediante encargos directos.
Sánchez de Mora apunta que esta situación no se traduce de forma inmediata en cierres empresariales, pero sí influye en la pérdida de tejido productivo. «Las grandes ingenierías españolas se están vendiendo a capital extranjero», afirma, y menciona el caso reciente de Ayesa como ejemplo de un proceso que, a su juicio, debilita la posición nacional en el sector.
Obras desiertas y sobrecostes posteriores
Gil sostiene que muchas licitaciones quedan desiertas porque los precios no se ajustan al mercado y que, posteriormente, esas obras se encargan a medios propios por importes superiores. «Cuando no pueden ejecutar el presupuesto, acuden al encargo directo», critica.
Añade que, en algunos casos, proyectos que salieron a concurso por cuatro millones se adjudican después por el doble cuando pasan a manos de una empresa pública. A su juicio, esta práctica genera una competencia desleal y desincentiva la participación de empresas privadas.
Vivienda: rentabilidad negativa y falta de presupuesto
Sobre la crisis habitacional, Gil asegura que el principal problema es la rentabilidad. «Ahora mismo el resultado neto de producción es negativo, excluyendo los costes financieros», afirma. Explica que, incluso con suelo disponible, no resulta viable promover vivienda en las condiciones actuales.
Recuerda que en 2007 se construían 36.000 viviendas al año en Canarias y que actualmente se cerrará el ejercicio con alrededor de 4.000. A su juicio, para cubrir la demanda harían falta 12.000 viviendas anuales y una inversión pública de 450 millones de euros al año, además de financiación privada.
Sánchez de Mora, por su parte, considera que la crisis de la vivienda responde más a trabas administrativas que al fenómeno de los medios propios, aunque coincide en que el sector atraviesa una situación compleja.
«Un sistema que no funciona»
Gil mantiene un tono crítico con el funcionamiento general del sistema. Afirma que, tras la pandemia, la gestión pública presenta graves disfunciones y lamenta que puedan devolverse fondos europeos mientras persisten necesidades urgentes como la vivienda.
Pese a ello, asegura que la patronal continuará defendiendo la viabilidad de las empresas y reclamando condiciones que permitan competir en igualdad. «Somos gestores de problemas, pero necesitamos rentabilidad y seguridad jurídica», concluye.