Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma Afectados por la Ley Turística (PALT), celebra el paso: «Se abre las puertas a estudiar el principio de unidad de explotación»
La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo admite a trámite un recurso de casación que abre la puerta a revisar el principio de unidad de explotación en los complejos turísticos canarios. Maribé Doreste, presidenta de la Plataforma Afectados por la Ley Turística (PALT), celebra el paso: «Tenemos motivos para alegrarnos porque por fin el Tribunal Supremo abra las puertas a estudiar este principio de unidad de explotación», dice, convencida de que el modelo actual «tiene visos de no cumplir con las directivas europeas de servicio».
Unidad de explotación bajo la lupa europea
Doreste subraya que cualquier limitación a la actividad de los propietarios debe responder a «una razón imperiosa de interés general, ser proporcional, la menos lesiva y no discriminatoria». A su juicio, el debate de fondo ya no es ideológico, sino jurídico y europeo. «El futuro del alquiler vacacional pasa por la racionalidad y por cumplir las reglas», afirma, mientras insiste en que la revisión del Supremo puede clarificar un marco donde, a menudo, «el discurso atropellado» sustituye a la técnica normativa.
«Compartir los gastos» y el riesgo para los residentes
La presidenta de PALT alerta frente a las promesas políticas que, asegura, ofrecen contentar al explotador turístico y al residente a la vez. «Ellos dicen: los propietarios de bungalows tendrán derecho a desmarcarse de la unidad de explotación siempre que contribuyan a los gastos comunes de los inmuebles. ¿Qué significa esto?», plantea. Advierte de que, bajo ese enunciado, «el camarero del restaurante del bar-piscina, el recepcionista o las limpiadoras» podrían terminar «pagándose entre todos», incluidos quienes viven en su casa o la destinan a otros usos lícitos: «Esto es tremendo», resume.
Propiedad horizontal frente a la lógica turística
Doreste recuerda que los complejos en división horizontal «se rigen por la Ley de Propiedad Horizontal» y que «los gastos del edificio se definen en la Junta de Propietarios». «Mi casa no es una unidad alojativa. Mi casa es una vivienda», afirma. Defiende que la unidad de explotación nació «para que los empresarios turísticos supieran a quién dirigirse» dentro del complejo, «pero nunca para imponer al resto de los propietarios» su inclusión en un régimen de explotación ni para subordinar su propiedad a una lógica empresarial que «se ponga por encima del derecho de propiedad».
Prudencia y próximos pasos
Aunque admite que la admisión del recurso es «un motivo de esperanza», Doreste pide esperar al criterio del Supremo: «Vamos a esperar a ver lo que dice el Supremo porque esa es la parte fundamental», sostiene. Anuncia, además, que PALT trasladará su posición al concejal de Turismo de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal: «Vamos a plantearle con total crudeza lo que acabamos de explicar», afirma, tras criticar que, a su entender, el Gobierno haya presentado «una propuesta» de «compartir gastos» mientras les pedía aportaciones: «Muy mosqueada», zanja.