Gustavo Matos, portavoz adjunto del PSOE en el Parlamento de Canarias, afirma que adjudicar el concurso a la empresa que impugnó las bases "no sucede ni en las mejores series de TV".
"Si este guión lo escribe Berlanga o Pedro Almodóvar no le sale tan bien" afirma Matos sobre un concurso que "ha condicionado la vida política en el último año". Se trata de algo que "tiene que terminar" para "quitarnos esa presión", motivo por el cual su partido ha presentado un proyecto de ley para que los servicios informativos del ente sean públicos: "Quien ha estado presentando mociones en este sentido ha sido el PSOE".
A partir de la adjudicación, Matos considera que los partidos "deben mantener sus criterios de lo que han dicho hasta ahora: que el contrato era ilegal". A su juicio, hay que separar el ámbito empresarial, donde la competencia "es legítima" del ámbito político, donde "el árbitro del partido tiene que ser objetivo".
Cantera de Güímar
Respecto del plan presentado por el empresario Antonio Plasencia para restaurar el daño medioambiental causado en Güímar por las extracciones ilegales de áridos, Matos considera que el empresario "se defiende como mejor puede", pero la responsabilidad pública "es de la administración". Asegura que su partido ha detectado que la Consejería de Industria "ha estado mirando a otro lado" y "poniendo en riesgo el cumplimiento de la sentencia", pues Industria ha de determinar si los proyectos de restauración "son o no ajustados". Visto los precedentes, dice Matos, "nos tememos que Industria va a dar el visto bueno a un plan que no está a la altura del daño medioambiental".
Por ese motivo, su partido va a pedir la comparecencia del consejero de Industria, Pedro Ortega, "para que valore este proyecto que nos parece insuficiente". Asegura que Industria ha estado "bordeando la legalidad, dejaron pasar los plazos", pero Matos recuerda que hay una proposición no de ley aprobada por unanimidad "que, al margen de la reparación, pide que se tomen medidas para impedir la actividad extractiva y se realicen informes que aseguren que esto no cueste un euro a los contribuyentes". Hace ya un año que está aprobada, dice, pero "no han hecho absolutamente nada".