El concejal popular del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, señala que se trata de un "escándalo" por ser un edificio del Estado que lleva años abandonado.
El concejal del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Sabroso, denuncia el sobrecoste de 3,2 millones de euros, por intereses de demora, en la transmisión del edificio Fyffes a la corporación municipal.
A su juicio, se trata de un “escándalo” porque en el año 2015 se estableció un justiprecio de 9,3 millones de euros y, a partir de ese momento, se debió haber iniciado una negociación política “que no se ha producido en ningún momento”. Por ese motivo se han acabado pagando 12,5 millones, 3,2 de ellos por intereses de demora, “en plena crisis económica y social para un inmueble que ya es nuestro, y que lleva años abandonado”.
Para ilustrar la mala gestión del grupo de gobierno municipal, Sabroso recuerda que el último inmueble estatal que pasó a propiedad municipal fue la Casa del Mapa, en el parque de Santa Catalina, “que es el punto de información turístico mas importante de la ciudad y tuvo un coste de cero euros”. Asimismo, recuerda que, en sentido inverso, la cesión del Colegio León de El Lasso para acoger un centro de inmigrantes costó cero euros al Estado.
Torres del canódromo
Sobre las recientes declaraciones del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Doreste, en las que culpaba al PP de la mala gestión en la edificación de las torres del Canódromo, Sabroso le recuerda que el espacio era un paraje privado abandonado que se convirtió en un parque público gracias a la licencia de edificación de dos torres. Considera que la idoneidad es una cuestión “de opiniones”, pero recuerda que siempre “se pone a parir” la obra del canódromo, pero “no se toma ninguna decisión para deshacerla”. A este respecto, recuerda que fue el propio Doreste el que concedió la licencia de obra que ahora la justicia ha paralizado.
Conflicto en Guaguas Municipales
Sobre los conflictos laborales en la empresa Guaguas Municipales, Sabroso señala que después de seis años de gestión del pacto de PSOE, NC y Podemos en el Ayuntamiento han vuelto a surgir los problemas en esta empresa debido a la decisión “política” de aplicar un acuerdo de 35 horas de jornada laboral, “sin venir acompañada de recursos y sin calcular las consecuencias”.