El catedrático Francisco Villar destaca que las tres leyes suponen «un salto cualitativo» al garantizar compensaciones y permitir a los afectados volver a su lugar de origen.
El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Francisco Villar Rojas, explica que la redacción del marco jurídico para la reconstrucción de La Palma parte de una situación inédita en el ordenamiento español. «No teníamos ningún referente para una catástrofe volcánica», señala, lo que obligó a diseñar una arquitectura legal específica para dar respuesta a la dimensión del desastre.
Este trabajo, impulsado por la Consejería de Presidencia, se concreta en tres leyes que abordan la reconstrucción desde el ámbito urbanístico, agrario y de vivienda, incorporando además medidas urgentes. «Se ha dado un salto cualitativo», afirma Villar, al considerar que el nuevo marco ofrece seguridad jurídica donde antes había incertidumbre.
Resolver preguntas clave: propiedad, valor y modelo
El proceso normativo tuvo que responder a cuestiones fundamentales surgidas tras la erupción. «La primera pregunta era de quién es la lava», indica el catedrático, quien aclara que los terrenos siguen perteneciendo a sus propietarios por el principio de accesión, salvo en el caso del terreno ganado al mar, que pasa a dominio público.
Otra cuestión clave fue la valoración del suelo cubierto por la lava. Villar subraya que determinar cuánto vale ese terreno no es una discusión menor, ya que condiciona expropiaciones y compensaciones económicas. «Parece una discusión absurda, pero tiene una lógica tremenda», sostiene.
A partir de ahí, se planteó el dilema sobre el modelo de reconstrucción: recuperar lo preexistente o diseñar uno nuevo. «La apuesta de las leyes es recuperar lo que había, siempre que sea técnicamente posible y seguro», explica.
El derecho a ser compensado y a reconstruir
Uno de los pilares del marco normativo es el reconocimiento del derecho de las personas afectadas a ser compensadas por el valor íntegro de lo perdido. «Es más que lo que tradicionalmente contemplan las ayudas de protección civil», afirma Villar.
Este principio se complementa con la posibilidad de reconstruir en el mismo lugar, eliminando obstáculos administrativos o urbanísticos. «No puede ocurrir que alguien quiera volver a su vivienda y no pueda por una limitación del planeamiento», advierte.
El sistema se apoya en fondos públicos comprometidos por el Estado y la comunidad autónoma, que permiten hacer efectiva esa compensación económica.
La Ley de Volcanes y el futuro
El catedrático destaca que este modelo ha servido de base para la reciente Ley de Volcanes, aprobada tras una iniciativa legislativa popular. «Se aprovechan muchas de las soluciones que se han ensayado en La Palma», explica, con el objetivo de contar en el futuro con reglas claras sin necesidad de improvisar.
Villar considera que este marco podría aplicarse en otras zonas volcánicas del archipiélago. «Vivimos en un territorio volcánico y necesitamos reglas que permitan responder con rapidez», afirma.
Iniciativa pública o privada
Uno de los debates centrales fue quién debía liderar la reconstrucción. Villar recuerda que inicialmente se planteó una intervención pública integral, con reparto de parcelas y soluciones «llave en mano».
Sin embargo, el modelo finalmente adoptado otorga mayor protagonismo a la iniciativa privada. «Se opta por que el propietario reconstruya con su licencia, mientras la administración se centra en las infraestructuras públicas», explica.
A su juicio, este enfoque permite compatibilizar la recuperación económica con el arraigo social de la población afectada, facilitando que cada persona decida cómo rehacer su proyecto de vida.