El Gobierno defiende la actuación de la acuícola y subraya que la investigación apunta a un posible vertido externo

Barcos de pesca canarios | Foto: Gobierno de Canarias

Barcos de pesca canarios | Foto: Gobierno de Canarias

El director general de Pesca, Esteban Reyes, sostiene que la empresa actuó «con absoluta legalidad» y retiró «a diario entre 20 y 40 toneladas» de peces muertos.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, asegura que la investigación sobre la mortandad masiva de lubinas en las jaulas marinas de Telde continúa abierta y que los primeros indicios apuntan a un posible vertido externo al mar. Según explica, los análisis preliminares del agua y de los peces parecen demostrar esa hipótesis, si bien insiste en que será la autoridad competente quien determine la causa definitiva Reyes.

La gestión de la emergencia

Reyes sostiene que la empresa actuó «con absoluta legalidad» y retiró «a diario entre 20 y 40 toneladas» de peces muertos, que fallecieron por asfixia al obstruirse sus branquias. Añade que la limpieza de los fondos de las jaulas —donde se acumulaban restos orgánicos que llegaron a la costa en forma de bolas de grasa— concluyó a mediados de noviembre, en coordinación con el Cabildo, Transición Ecológica y el propio Gobierno autonómico.

Las dudas sobre el origen del incidente

Colectivos ecologistas han planteado la posibilidad de que la degradación masiva de los peces se produjera dentro de las propias jaulas por acumulación de sedimentos y ácido sulfhídrico. Reyes rechaza pronunciarse sobre esa teoría y reitera que corresponde a la investigación aclarar si existió o no un vertido y, en ese caso, quién sería responsable. No obstante, defiende la diligencia de la empresa y el cumplimiento de sus obligaciones legales Reyes.

El modelo de acuicultura y los atunes en jaulas

Sobre el proyecto experimental impulsado por el Gobierno central para engordar atunes en jaulas marinas, Reyes aclara que no es el Ejecutivo canario quien lo promueve, sino un operador a través del Ministerio, y que la propuesta ha sido vista por el organismo internacional Alicat. Subraya que el sector pesquero de Canarias se opone a esta práctica porque requiere el uso del cerco japonés, una arte de pesca prohibida en la legislación autonómica.

Competencias y límites de decisión

El director general precisa que el Gobierno de Canarias tiene competencias sobre las aguas interiores y sobre la concesión de permisos de acuicultura, mientras que el Estado decide en aguas exteriores. Aunque el Ejecutivo autonómico puede expresar su oposición y aplicar la normativa para impedir que se implanten estas instalaciones, recuerda que la iniciativa parte de la Administración central y que solo prosperaría si se cumplen todos los requisitos legales y medioambientales, algo que considera «muy difícil» dada la negativa del sector pesquero canario Reyes.

Un escenario pendiente de respuestas

Mientras las playas de Telde continúan cerradas y la población reclama explicaciones, Reyes insiste en que la Dirección General de Pesca ha cumplido «escrupulosamente» con sus atribuciones y que el Gobierno espera las conclusiones del Seprona para esclarecer un episodio que ha generado inquietud entre vecinos, bañistas y profesionales del mar.