María Luisa Martínez, abogada experta en asuntos bancarios, afirma que la convocatoria extraordinaria del pleno del Tribunal Supremo supone una "alteración profunda del Estado de derecho".
"Es una alteración profunda del estado de derecho", afirma Martínez, en referencia a la decisión del Tribunal Supremo (TS) de revisar la reciente sentencia en la que reconocía que el sujeto pasivo del impuesto sobre el patrimonio y actos jurídicos documentados es el banco y no el cliente. A su juicio, de producirse un cambio de criterio quedaría comprometida la independencia del poder judicial y eso es "algo grave" porque "es insultar a los magistrados que han tomado la decisión".
Martínez recuerda que el TS tiene capacidad de cambiar sus propios criterios, "pero deben hacerlo en una próxima sentencia". El "escándalo", dice, viene si se trata "de calmar los mercados". Por el momento, la sentencia de la sala de lo contencioso-administrativo es "firme" y ahora la sala en su conjunto tendrá que decidir sobre el resto de recursos.