El consejero insular, Domingo Cejas, sostiene que la medida busca evitar más perjuicios a la ciudadanía mientras se completa el proceso legal, con previsión de actuación inmediata y posibles litigios judiciales.
El consejero de Aguas del Cabildo de Lanzarote, Domingo Cejas, defiende la intervención del ciclo integral del agua como una medida necesaria ante la «situación lamentable» del servicio y anuncia que se ejecutará de forma paralela al proceso de resolución contractual.
Un procedimiento con garantías jurídicas
Cejas explica que el Cabildo actúa siguiendo los plazos legales y con respaldo técnico para evitar riesgos económicos futuros. «Las cosas hay que trabajarlas, madurarlas y con firmeza», afirma, al tiempo que advierte de la previsión de un escenario judicial con la concesionaria.
El responsable insular subraya que el procedimiento ya contempla tanto la resolución del contrato como la posibilidad de intervención temporal del servicio, que se activaría antes de que concluya el dictamen del Consejo Consultivo, previsto en unos 40 días.
Según detalla, esta intervención se notificará a la empresa en un plazo aproximado de entre diez y quince días, con el objetivo de no demorar más una actuación que considera urgente.
Intervención para garantizar el servicio
El consejero aclara que la intervención tendría un carácter transitorio, estimado entre dos y tres meses, durante los cuales la administración asumiría el control del servicio. «Nuestra intención es intervenir cuanto antes porque el servicio está como está», señala.
La medida se enmarca en un expediente iniciado por el Consorcio del Agua tras constatar «una perturbación grave del servicio» y deficiencias que afectan al suministro y al interés público .
Cejas insiste en que la prioridad es asegurar el abastecimiento y corregir las disfunciones detectadas en la gestión, ante una situación que, según los informes técnicos, supera las incidencias puntuales.
Un conflicto con derivadas económicas
Cejas reconoce que una actuación incorrecta podría derivar en indemnizaciones millonarias. Por ello, insiste en la necesidad de actuar «ajustado a la ley» para evitar reclamaciones por lucro cesante que podrían alcanzar decenas de millones de euros.
El Cabildo, asegura, actúa amparado en la legalidad vigente, el pliego de condiciones y el contrato suscrito, con el objetivo de defender el interés general y garantizar un servicio esencial en la isla.
Críticas a la oposición
El consejero también arremete contra la actitud del PSOE, al cual acusa de obstaculizar la solución del problema. A su juicio, determinados sectores políticos buscan que el proceso derive en perjuicios económicos para la institución insular, lo que, en su opinión, perjudicaría directamente a la ciudadanía.