El concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, asegura que la justicia dio un plazo de tiempo razonable para subsanar las deficiencias o proceder a un desalojo paulatino.
Treinta y seis personas mayores han quedado en situación de incertidumbre tras el cierre de la residencia de mayores del Drago del Marqués por decisión judicial, ya que no cumple algunos requisitos urbanísticos. Tarife señala que si bien hay que cumplir la sentencia, es decir, restablecer "los términos de la legalidad", mientras el expediente estuviera en trámite, "la actividad se podía seguir desarrollando". Está convencido de que la justicia hubiese dado plazos razonables para realizar las obras y conseguir la licencia o para proceder a un desalojo paulatino. Pero, cuando "aún no conocemos el plazo, nos hemos quedado sorprendidos por la decisión unilateral de la empresa".
Tarife señala que el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife ya están estudiando el realojo de las personas que no han podido ser ubicadas en otras instalaciones.