“No reflejan para nada la realidad”, afirma la consejera de Educación del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón.
Monzón considera que el estudio presentado este martes por el Cabildo de Gran Canaria no está en consonancia con los datos que maneja la Consejería. Éstos están elaborados por el Servicio de Prevención contra el Acoso Escolar, un servicio externo que es activado por los centros escolares y familias. Con datos del 2016, afirma la consejera, el número de casos que se acabaron considerando acoso escolar fueron de unos 60 tras haber estudiado más de mil llamadas.
A juicio de la consejera, el “peligro” de estudios como el presentado por el Cabildo es el de “crear más confusión y echar por tierra el trabajo de muchas instituciones, no solo de la Consejería y los centros escolares, sino también de ayuntamiento y organizaciones que colaboran en la lucha contra el acoso”.
Monzón señala que el estudio prestando le produce “insatisfacción” porque no se adecua a los métodos y formas de proceder de la comunidad educativa. Así, apunta que la Consejería siempre se ha orientado en la elaboración del plan contra la violencia infanto-juvenil, incluido el acoso escolar, por la participación de todos los agentes implicados. La propia Consejería rechazó la posibilidad de convocar a expertos para elaborar un plan que después se impusiera a la comunidad educativa.
Sustitución de Podemos por el PSOE
Según la consejera, en el año 2016 tuvieron noticia, por informaciones que le llegaban de los centros escolares, de que el Cabildo grancanario quería llevar a cabo un estudio. Ante esa cuestión, “consideramos importante hablar con el Cabildo para conocer los objetivos y el tipo de encuestas, porque se trata de un tema lo suficientemente delicado que hay que trabajarlo al unísono”. Durante un tiempo, trabajaron conjuntamente los técnicos del Cabildo con los de la Consejería. Pero, a comienzos del año 2017 la Consejería detectó que “los cuestionarios no eran correctos, no iban en la línea”. El departamento responsable del Cabildo, dirigido entonces por Miguel Montero (Podemos), decidió aparcar el estudio, pero cuando Montero fue sustituido por la socialista María Isabel Santana, “vimos en la prensa que el Cabildo iba a seguir con ese estudio y volvimos a contactar”.
En ese momento, continúa el relato de la consejera, se hace un contacto entre la persona que lleva el plan contra la violencia en la Consejería y el sociólogo que realiza el estudio para el Cabildo y se acuerda que, cuando se termine el estudio lo analizarán conjuntamente: “Igual teníamos que haberlo frenado definitivamente en ese momento”, afirma Monzón.
Reunión cancelada
Concluido el estudio, la consejera del Cabildo pidió una reunión con la Consejería para valorarlo, tal como se había acordado, y se fijó para este jueves, “pero el Cabildo la suspendió el pasado viernes no sabemos por qué”. Lo cierto es que la Consejería conoció las conclusiones “por la prensa”.
Según Monzón, tras la publicación, “los propios centros han reaccionado preguntándose qué significa, porque no reflejan para nada la realidad. Un estudio como este distorsiona y pone en peligro todo el trabajo”. Para la consejera, la conclusión que se extrae de esta experiencia es que “es necesario que en un tema como este nos coordinemos, que cualquier actuación que tenga que ver con acoso escolar tenga la autorización de la Consejería”.