La portavoz del colectivo, Paula Núñez, considera que existen motivos para declarar nulo el lanzamiento ejecutado el 13 de octubre en Pedro Hidalgo y denuncia que la afectada y sus dos hijos menores siguen sin una alternativa habitacional ofrecida por las administraciones.
La portavoz de Derecho al Techo, Paula Núñez, sostiene que el desahucio de Jennifer Brito, ejecutado el pasado 13 de octubre en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria, debería declararse nulo por las irregularidades que, a su juicio, se produjeron durante el procedimiento. La representación legal de la afectada, que residía junto a sus dos hijos menores en una vivienda de alquiler, ha recurrido la diligencia por la que se ejecutó el lanzamiento y solicita su nulidad. En declaraciones a El Espejo Canario, Núñez reconoce que tiene pocas esperanzas de que prospere el recurso, aunque insiste en que «claramente se falló en todas las administraciones y en última instancia en los juzgados».
La activista explica que el informe de vulnerabilidad de la familia no llegó hasta la mañana del lanzamiento y que la comisión judicial se negó a aceptarlo. Según su relato, ya se había suspendido un intento anterior de desahucio por la presencia de menores vulnerables, pero las administraciones implicadas no consiguieron tramitar a tiempo la documentación necesaria. Núñez responsabiliza de esta situación al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, al Gobierno de Canarias y al Instituto Canario de la Vivienda, además de cuestionar la actuación del Juzgado número 7.
Críticas al propietario y a la actuación judicial
La portavoz de Derecho al Techo también señala al propietario del inmueble, al que acusa de negarse a negociar una solución temporal pese a que Jennifer Brito, según asegura, mantenía su compromiso de pagar el alquiler mientras encontraba otra vivienda. Núñez sostiene que el dueño pretende vender el piso y que esa decisión ha impedido alcanzar un acuerdo que evitase el lanzamiento.
Asimismo, critica que los representantes judiciales presentes durante el desahucio rechazaran cualquier negociación incluso después de recibir el informe de vulnerabilidad. La activista cuestiona especialmente el papel del servicio de mediación y considera que el juzgado ha priorizado los intereses económicos frente a la situación de una familia con menores. Se trata de una valoración de la portavoz, que insiste en la necesidad de revisar judicialmente el procedimiento.
Sin alternativa habitacional estable
Tras el desahucio, Jennifer Brito se encuentra alojada en una habitación conseguida por las integrantes de Derecho al Techo. Núñez asegura que las administraciones todavía no han ofrecido una solución habitacional estable, aunque reconoce que los servicios sociales han comenzado a realizar algunas gestiones después del lanzamiento.
La portavoz termina con un llamamiento a la colaboración ciudadana y a las instituciones para encontrar una vivienda adecuada para la familia. «Aprovecho para pedir a todas las personas y especialmente a las administraciones que se pongan en contacto con nosotros y con Jennifer a ver si le podemos conseguir algo más estable», reclama.