La portavoz del colectivo, Paula Núñez, denuncia que las administraciones conocían desde julio la situación de una madre con dos menores y anuncia que estudian acciones legales por el desahucio. La familia permanece alojada provisionalmente en una habitación conseguida por activistas.
La portavoz de Derecho al Techo, Paula Núñez, denuncia en El Espejo Canario una cadena de responsabilidades institucionales en el desahucio de Jennifer, una madre con dos hijos menores en situación de vulnerabilidad en Las Palmas de Gran Canaria. Según explica, el Ayuntamiento, los servicios sociales y el Instituto Canario de la Vivienda conocían el caso desde julio, cuando la Policía Nacional paralizó un primer intento de desalojo por la presencia de los menores. Sin embargo, sostiene que ninguna de las administraciones adoptó durante los meses siguientes las medidas necesarias para evitar que la familia terminara en la calle.
Núñez asegura que el informe municipal de vulnerabilidad llegó al juzgado a las diez y media de la mañana, aproximadamente una hora antes de que saliera la comisión judicial. Aunque reconoce que el documento se remitió tarde, afirma que el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ya estaba informado de que se encontraba en tramitación. La portavoz reprocha al órgano judicial que no suspendiera el procedimiento y sostiene que tampoco se atendieron las peticiones para negociar una solución.
Estudian acciones legales contra las actuaciones del desahucio
Derecho al Techo estudia emprender acciones legales por la actuación judicial y policial durante el lanzamiento. «Estamos estudiando toda una serie de medidas legales contra el juzgado», afirma Núñez, que califica de desproporcionada la intervención policial. Según su relato, tanto Jennifer como ella recibieron golpes durante el operativo y la madre fue arrastrada por las escaleras de su vivienda. La portavoz también cuestiona la actuación del Ayuntamiento, al que reprocha no haber ofrecido una alternativa habitacional a pesar de conocer la situación familiar desde hacía meses.
Núñez explica que Jennifer se encuentra muy afectada emocionalmente y que su hijo mayor presenta un estado de nerviosismo considerable. Insiste en que la mujer no pretendía permanecer gratuitamente en la vivienda ni dejar de pagar el alquiler, sino disponer de un plazo para resolver su situación. Según la portavoz, el propietario rechazó negociar porque tenía intención de vender el inmueble.
Una habitación provisional conseguida por los colectivos sociales
Por el momento, Jennifer y sus hijos disponen de una habitación temporal, conseguida por los colectivos sociales, en la que podrán permanecer aproximadamente entre diez y quince días. Derecho al Techo trabaja para encontrar una alternativa más estable, mientras reclama la intervención de las administraciones competentes.
La portavoz denuncia además que el propietario se ha negado a permitir que la familia retire sus pertenencias del inmueble, por lo que Jennifer abandonó la vivienda únicamente con lo que llevaba puesto, según su testimonio. Núñez lamenta que hayan sido las plataformas ciudadanas y los activistas quienes hayan tenido que proporcionar una solución de emergencia. «La alternativa habitacional de Jennifer, por ahora, se la hemos conseguido nosotras», subraya.