Lorenzo Dávila fue sancionado en la GC-23, una vía en la que la Policía Local capitalina carece de competencias.
El 28 de enero de 2015, Dávila circulaba por la carretera GC-23 a la altura del barrio de Siete Palmas en Las Palmas de Gran Canaria cuando observó que un vehículo estaba realizando maniobras para quitar del carril a los demás coches. Al ver a un agente de la Policía Local capitalina, le hizo señales con la mano para informarle de la actuación del vehículo. Sin embargo, el agente interpretó que el conductor le estaba increpando a él, "lo cual no era cierto". El agente detuvo el vehículo, tomó sus datos, pero no le entregó ninguna denuncia.
Un año después, llegó al domicilio de Dávila una denuncia por vía de apremio con 500 euros de sanción y la retirada de seis puntos del carné de conducir. Se personó en el Ayuntamiento y pidió hablar con el jefe del Negociado de Multas, "lo cual fue imposible hasta en siete ocasiones".
Lo cierto es que en el año 2018, Dávila recibe un informe del Gobierno de Canarias sobre la titularidad de la carreteras, confirmándole que no es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, por lo que la multa es irregular.
Sin embargo, el Ayuntamiento no le ha devuelto el dinero, y cuando habló con el abogado del consistorio, este le dijo que acudiera a la justicia "y así me llevaba un dinerillo extra, lo cual perjudica a los intereses de los ciudadanos".