El presidente del Gobierno canario asegura que el silencio de la Fiscalía sobre el caso Grúas podría vulnerar sus derechos fundamentales.
Fernando Clavijo señala que la denuncia "política" se "la trae al pairo", en referencia a la acusación de Sí Se Puede y Podemos por el denominado Caso Grúas. Sin embargo, considera que llegados a este punto tiene derecho a la tutela judicial y a un pronunciamiento por parte de la fiscalía. Recuerda que cuando se produce la elevación del caso al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), la sala le dió dos días a la fiscalía para presentar el informe del caso. Ésta pidió un aplazamiento y le concedieron cinco días más, que expiraron "el 13 o el 14 de septiembre". Señala que la fiscalía "no mueve un solo papel" hasta que el presidente presenta un escrito donde pone de manifiesto lo que entiende por irregularidades y retrasos injustificados en el proceso, remontándose a la instrucción en La Laguna, "donde el fiscal no responde a tras solicitudes y, cuando responde, cambia de criterio".
Asegura tener información de que hay un informe que está desde septiembre en la Fiscalía General del Estado: "Lo que pido es que se conozca", dice, al tiempo que avisa de que no le gustaría tener que seguir "profundizando porque se estén vulnerando mis derechos", pero considera que lo que no puede hacer es "no decir nada" porque, como ciudadano tiene derecho "a saber qué opina la fiscalía y si tengo que volver a La Laguna o quedarme en el TSJC". En este sentido, dice que el no pronunciarse es estar a favor de Podemos y Sí Se Puede.
Clavijo señala que ha esperado a que se aprobara el Estatuto de Autonomía de Canarias para tomar la iniciativa en este caso: "Una vez que se ha aprobado el Estatuto creo que debo defenderme ante un ataque político".
"Quitarme de enmedio"
El presidente canario considera que "las cosas hayan salido bien" en esta legislatura, algo de lo que se alegra "por Canarias, no por mi". Recuerda que en el discurso de investidura dijo que se necesitaban reformas estructurales y redistribuir la riqueza, "con la ley de asuntos sociales que nos queda por aprobar". Como balance señala que "todo eso ha salido y ha salido bien". Sin embargo, pone de relieve que ahora se unan todos "para quitarme de enmedio, pero serán los ciudadanos los que decidan".
Sin embargo, la cuestión de que pierda el aforamiento o que cambie la ley electoral no le preocupa, porque lo fundamental era sacar adelante el Estatuto: "Las elecciones generales se podía precipitar y hubiese dado al traste con el Estatuto y el REF". Asegura que si hubiese antepuesto los intereses de permanencia en el cargo, "no hubiese salido". Desmiente que la reforma electoral vaya a acabar con Coalición Canaria: "Mientras haya reglas del juego saldremos a jugar". Sobre este asunto, recuerda que el Gobierno canario no puede hacer un decreto sobre la lista regional: "Eso es competencia del Parlamento de Canarias".
AENA
Sobre la anunciada inversión de AENA en el aeropuerto Reina Sofía, Clavijo señala que la empresa tiene a Canarias "como un mercado cautivo". Así, como el Reina Sofía es "muy rentable" y "después de muchos años" de espera, la empresa "nos quiere engañar y poner un parche", cuando lo que se requiere es "una terminal en condiciones". Por este motivo va a solicitar las reuniones "y exigir lo que se tiene que hacer".
Televisión Canaria
Fernando Clavijo recuerda que "ante el sinsentido del Parlamento", el Gobierno tuvo que intervenir para "salvar" los puestos de trabajo en la Televisión Canaria. El mandato marco se dejó sobre la mesa del Parlamento y el presidente canario considera que "no estamos para hacer una chapuza más antes del final de la legislatura". Como no hay acuerdo sobre el modelo no hay tiempo para aprobar una nueva ley. Asegura que le gustaría que los servicios informativos fueran públicos, "pero hay que estudiar su sostenibilidad".
Puerto de Agaete
Sobre la ampliación del puerto de Agaete, Clavijo recuerda que el PSOE, Nueva Canarias y la corporación de Agaete "castigaron" al Gobierno porque la obra no llegaba, "y ahora que llega…". Recuerda que hay fondos comprometidos y que la obra no se puede parar: "Si paramos, tenemos que indemnizar a la empresa adjudicataria y son ellos mismos los que me meten en la vía penal por prevaricación".