La portavoz nacionalista en el Cabildo, Vidina Cabrera, advierte del riesgo sanitario de este material, denuncia la falta de protocolos ante incendios y reclama soluciones antes de que Canarias se quede sin capacidad para gestionar estos residuos.
La portavoz de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria, Vidina Cabrera, anuncia que su grupo llevará al pleno insular los riesgos derivados de la presencia de amianto en naves industriales, a raíz del incendio registrado hace unas semanas en Telde. La iniciativa incluye la petición de crear un censo que identifique dónde se encuentra este material en el sector industrial y en instalaciones públicas de la isla.
Cabrera explica que el amianto —conocido popularmente como uralita— está prohibido por su relación directa con enfermedades graves, incluido el cáncer, y advierte de que su presencia sigue siendo muy amplia. Subraya que no solo aparece en cubiertas de naves, sino también en tuberías y redes de saneamiento.
Incendios sin protocolos específicos
La dirigente nacionalista critica que el incendio reciente puso de manifiesto la ausencia de un protocolo específico para actuar cuando arde este material, pese a la toxicidad de la nube que puede generarse. Señala que los bomberos alertaron de la peligrosidad de la situación y de la falta de avisos a la población, similares a los que se activan ante fenómenos como la calima.
Según expresa, tras consultar con responsables de emergencias se constata que no existe un procedimiento concreto para estos casos, más allá de protocolos generales de riesgo químico. Por ello, defiende que el primer paso debe ser conocer exactamente dónde está el amianto y en qué cantidades para poder activar medidas preventivas y de protección.
Protección para bomberos y ciudadanía
Cabrera sostiene que disponer de un censo permitiría mejorar la seguridad de los servicios de emergencia, que podrían acudir a los incendios con equipos adecuados y conocimiento previo del riesgo. También facilitaría la activación de alertas sanitarias a la población si la nube tóxica se extendiera.
Recuerda que la manipulación de este material implica riesgos extremos, hasta el punto de que los equipos utilizados por los bomberos pueden quedar inutilizados tras la intervención debido a la contaminación.
Un problema agravado por la falta de infraestructuras
La portavoz advierte además de una situación inminente: a partir del 26 de marzo Canarias podría quedarse sin capacidad para trasladar el amianto fuera del archipiélago. Hasta ahora, explica, existía un convenio con Andalucía para su tratamiento, pero las comunidades receptoras han dejado de aceptar estos residuos por las exigencias europeas que obligan a eliminarlos de sus territorios.
Esta circunstancia obligaría a buscar soluciones propias, tanto temporales como definitivas, para el almacenamiento y tratamiento del material. Cabrera insiste en que la isla acumula grandes cantidades de amianto debido a su uso masivo en décadas pasadas, cuando era un material barato y ampliamente empleado en construcción.
Limitaciones de los programas actuales
La dirigente nacionalista reconoce que el Cabildo dispone de un programa para retirar amianto en viviendas privadas, pero lo considera claramente insuficiente. Señala que apenas se ha ejecutado una parte de las solicitudes presentadas y que el ritmo actual retrasaría la eliminación completa durante años.
Asimismo, advierte de que el problema afecta a numerosos ámbitos —colegios, explotaciones ganaderas, instalaciones industriales o portuarias— y que en muchos casos no es viable la técnica de encapsulado, especialmente cuando se requiere intervenir en cubiertas para instalar energías renovables.
Situaciones de grave riesgo sanitario y ambiental
Cabrera concluye que la prioridad debe ser dimensionar el problema mediante un censo insular que permita planificar la retirada y gestión del amianto antes de que se produzcan nuevos incidentes. A su juicio, la degradación, rotura o incendio de este material puede desencadenar situaciones de grave riesgo sanitario y ambiental.
La portavoz expresa que el debate en el pleno será clave para conocer la respuesta del gobierno insular y reclama una actuación urgente para evitar que la isla se enfrente a un problema de gran magnitud sin herramientas adecuadas.