El consejero de Turismo del Gobierno canario achaca la "controversia" a "los intereses antagónicos de las partes" y asegura que no se favorece a ninguna isla.
Isaac Castellano se muestra "satisfecho" porque el decreto es fruto del "trabajo y diálogo" y porque "responde al interés general", que se desdobla entre "el respeto del derecho a la vivienda de los residentes y la apuesta por la calidad del destino y la sostenibilidad". No obstante, es consciente de que la legislación puede no satisfacer "a todos en todas sus aspiraciones".
Considera que el decreto solo aporta el "marco general", porque establecer medidas de prohibición o autorización en tipologías de suelo "no es suficiente". A este respecto, señala que los cabildos y ayuntamientos "tienen que ser parte de la solución, pues tienen competencias de planeación y de urbanismo". Así, si bien el decreto prohíbe la vivienda vacacional en la zonas residenciales de zonas turísticas por los problemas de los trabajadores para encontrar vivienda, "si cabildos y ayuntamientos entienden que se puede permitir el alquiler vacacional en esas zonas, podrán hacerlo".
La "bandera" del insularismo
Castellano desmiente que el decreto beneficie a la patronal hotelera de Tenerife, Ashotel. "Si establecemos un marco que obligue a todas las islas a la misma norma, se enarbola la bandera del insularismo. Si hacemos flexibilidad, nos encontramos críticas similares", afirma. Asegura que no existe una posición común de cada isla, "porque afecta de forma diferente a diferentes grupos sociales". Y a este respecto, "nadie puede decir que esto constituye un ataque a una isla en beneficio de otra".
Castellano considera que el alquiler vacacional es "un reto, no un problema", pues supone oportunidades para que algunas personas obtengan unas rentas.